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Ciudad de México.– En dos días, la violencia contra el gremio de periodistas y defensores de Derechos Humanos, se ha desatado aún no nos recuperábamos del terrible asesinato de Norma Sarabia, cuando el día de ayer a muy temprana hora, fue secuestrado el periodista Marcos Miranda Cogco, conocido como Marmiko, por lo que las organizaciones defensoras de periodistas han salido a exigir justicia y condenar los recientes hechos.
Claudia Martínez, dirigente del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, acusó que la culpa de los asesinatos es un poco de todos, pues señaló que existen organizaciones que se dedican a la protección de periodistas y la libertad de prensa que son elitistas para poder ayudar a los comunicadores amenazados.
“Si no eres importante o trabajas en un medio de nivel nacional, no te hacen caso, y a estos mismas organizaciones como Artículo 19 son a los que más dinero les da el gobierno, estaría muy bien checar qué hacen con estos recursos”
Y es que estos señalamientos son tras darse a conocer que ambos periodistas ya habían sido amenazados; en el caso de la corresponsal de Tabasco Hoy ya había pedido en 2014 la atención del Mecanismo Federal de Protección de Periodistas, del gobierno federal, y este año pidió medidas cautelares, pero el organismo se las negó, además de que también pidió apoyo de organizaciones que tampoco la tomaron en cuenta. Por parte de Marmiko, su esposa, el día de ayer, señaló que también ya había sido amenazado y no le habían brindado ayuda.
Claudia Martínez señaló que el Mecanismo Federal de Protección de Periodistas, del gobierno federal, se tiene que poner a trabajar, ya que es estéril, tiene a muy pocos acogidos en el Programa de Protección y su botón de pánico es inservible, por lo que afirmó no hay condiciones en este país de hacer periodismo.
Numeraria
90 amenazados en lo que va de 2019 en donde Veracruz, Puebla y CDMX son donde mayor victimas existen, según cifras del Colectivo
Justicia
El colectivo exige justicia y que se abra una comisión de vigilancia por cada víctima
