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Los remanentes del presupuesto de Egresos del 2018, los cuales ascienden a unos 3 mil 380 millones de pesos, podrían ser destinados a todas las alcaldías sin distingo de colores partidistas, toda vez que estas instancias mantienen el primer contacto con la ciudadanía y tienen la responsabilidad de otorgar los servicios básicos a los capitalinos.
La propuesta que subió a tribuna el diputado Víctor Hugo Lobo Román, vicecoordinador de la bancada del PRD y avalada por todos los diputados del Congreso de la Ciudad de México, sólo busca el beneficio de los ciudadanos y se agradece a los legisladores locales no sólo por ese tipo de iniciativas, sino que también que se hayan puesto de acuerdo.
El que anda muy preocupado es el presidente del Comité del Canal de TV del Congreso, el panista Pablo Montes de Oca, pues resulta que las intenciones de la mayoría en dicho órgano legislativo es la de desaparecer por completo ese medio de difusión para ser absorbido por el Sistema de Radiodifusión que ya propuso Morena.
Pero es que no sólo es la desaparición del canal, sino también el despido de toda la plantilla de trabajadores, quienes están contratados por estructura, de confianza y por honorarios y gozan de algunas prestaciones laborales.
Con la nueva figura de contratación (outsourcing), los empleados serían contratados por una empresa externa y se olvidarían de todos las prestaciones que por ley les corresponde, por eso es que los panistas, perredistas y hasta priístas están preocupados por lo que pueda ocurrir en el Canal de TV.
Pero quien lanzó un “Ya basta”, fue la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la morenista Guadalupe Aguilar Solache, pues acusó a funcionarios y particulares de estar lucrando con la necesidad de la gente y con su derecho a tener acceso al agua. Por eso propuso castigar a los vivales que cobren las pipas, con cinco años de cárcel y la inhabilitación de funcionarios públicos. Ojalá se haga justicia para los que menos tienen.
