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¿Qué habría ocurrido si durante el gobierno de Enrique Peña o Felipe Calderón, por poner como ejemplo a los dos últimos presidentes, hubiesen entregado un contrato de 221.6 millones de pesos a su compadre?
Mínimo, la oposición comandada por Andrés Manuel López Obrador habría presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República, por tráfico de influencia, en contra del presidente y del funcionario que haya firmado el contrato.
Hoy, no pasa nada por dos razones. Primera: prácticamente no existe oposición. Están desunidos, desorganizados. No hay quién los encabece. La segunda: hoy López Obrador es gobierno, desde donde parece que no ven tan mal estos contratos.
El diario Reforma publicó ayer que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) le adjudicó una licitación por 221.1 millones de pesos a Grupo Bio Pappel, de Miguel Rincón Arredondo, compadre de López Obrador. Molesto, en su conferencia, sin mediar pregunta (algo así como a explicación no pedida culpa manifiesta), AMLO se lanzó contra el medio por la publicación.
“No le quiero dar ningún motivo a los conservadores, a la prensa fifí, porque no somos iguales”, expuso. Parece que nos hace un favor cancelando el contrato de su gobierno con su compadre, que si no es ilegal, manda la señal de que es igualito a los de antes.
Simple y sencillamente, López Obrador está obligado a rescindir ese multimillonario contrato porque prometió que nada de amiguismos, nada de tráfico de influencias, nada de corrupción. Por eso votaron por él más de 30 millones de personas. AMLO lo puede anular muy fácil, con uno de esos memorándums que tanto le gustan. ¿O no?
