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La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) señaló directamente al Consejo Mexicano de Negocios (CMN), en los tiempos que lo presidía Alejandro Ramírez –propietario de Cinépolis–, de apoquinar casi 100 millones de pesos para una campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador, durante el proceso electoral 2017-2018.
Ayer se mencionó a Ramírez, pero faltaron al menos otros participantes: cuatro empresarios y un expresidente.
El jefe y orquestador de todo: Carlos Salinas; su operador en el mundo empresarial, Claudio X. González, fundador del CMN; Alberto Bailleres, de Grupo Bal; Germán Larrea, de Grupo México, y Eduardo Tricio, vicepresidente del CMN, propietario de Lala y accionista de Aeroméxico. Los cinco empresarios que presionaron al entonces presidente Enrique Peña para que impidiera “a toda costa” el triunfo de López Obrador.
Los mismos que en 2006 también financiaron la campaña sucia contra López Obrador. La Ley les concedía impunidad. Los orquestadores: también Carlos Salinas y Claudio X. Aquella vez se sumó Roberto Hernández, de Banamex. Ahora parece que no se ha metido. O al menos no tan visible.
En 2017-2108 volvieron a las mismas. Pero se les atravesaron dos enormes diques: el inevitable triunfo de López Obrador, y que la Ley ahora prevé que esas intervenciones de particulares en campañas electorales son ilegales.
Y les cayeron. Están en un problema muy delicado. Pueden enfrentarse a delitos electorales y lavado de dinero.
Pero reinciden: ahora armaron la “resistencia”, cuya guerra sucia es tratar de asustar a los mercados para generar incertidumbre financiera y económica. ¡No entienden!
