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En el mismo tribunal en Brooklyn donde los jurados han escuchado testimonios sobre el imperio de drogas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, un exprocurador de Justicia mexicano se declaró culpable el mes pasado de recibir sobornos de narcotraficantes.
Esa yuxtaposición resalta un tema persistente en el juicio contra Guzmán: cómo la corrupción oficial generalizada en México complica los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para investigar y capturar a los involucrados en el tráfico de drogas.
Los jurados deberán a comenzar sus deliberaciones el lunes luego de 11 semanas de testimonios que incluyeron un desfile de antiguos socios de Guzmán que hablaron de cuantiosos sobornos a funcionarios de alto nivel.
Uno de ellos declaró que el cártel de Sinaloa le pagó 10 millones de dólares, dos veces, a un comandante de la Policía Federal mexicana. Otro dijo que el exjefe de la seguridad federal recibió un pago de 6 millones, al tiempo que un general pagó 100 mil millones.
Los testigos hablaron de cómo Guzmán tuvo una escolta policial tras escaparse de la prisión y cómo se les pidió a políticos ayuda para embarcar 100 toneladas de cocaína en un buque-tanque.
En el testimonio más sensacional, uno de los excolaboradores de Guzmán dijo que escuchó a éste alardear de que le había pagado 100 millones de dólares al entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
“La corrupción ha sido desenfrenada”, dijo Arturo Fontes, un exagente del FBI que se pasó años investigando la organización de drogas de Guzmán. “Sabíamos siempre que había riesgo de que la información le llegase a la persona errónea”.
Los funcionarios mexicanos implicados han negado las acusaciones, diciendo que son inventos de criminales. Y las acusaciones de corrupción han sido mayormente una atracción secundaria en el juicio contra Guzmán, que está acusado de liderar un cártel que envió toneladas de cocaína a Estados Unidos.+
Sus abogados han dicho que Guzmán no era el verdadero jefe y que el capo real sigue en libertad en México, protegido por una red de sobornos.
Pero los detallados testimonios sobre corrupción ofrecieron una mirada a los retos que enfrentan los agentes del orden de Estados Unidos cuando trabajan con sus socios mexicanos, y las grandes gestiones que hicieron para asegurarse de que la causa contra Guzmán no era comprometida.
Ejemplificando los riesgos de compartir información con las agencias mexicanas de ley y orden, hace varios meses, un excomandante de una unidad mexicana de inteligencia fue sentenciado a tres años de prisión en Estados Unidos por pasarles secretos de investigaciones estadounidenses a jefes de carteles. El mes pasado, Edgar Veytia, exprocurador de Justicia del estado de Nayarit y conocido como “El Diablo”, admitió haber usado su puesto para ayudar a cárteles a contrabandear drogas a Estados Unidos.
Con información de El Financiero
