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Juan R. Hernández
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La decisión de habilitar a elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial para aplicar infracciones viales encendió alarmas entre el sector transporte, que advierte riesgos de corrupción, extorsión y afectaciones económicas para concesionarios y conductores particulares.

Según Alejandro Luna, dirigente de Movilidad de Vanguardia (MOVA), la medida pone en la mira a 18 mil unidades de transporte concesionado, 75 mil taxis y miles de autos particulares, que podrían enfrentar sanciones de personal que no tiene capacitación especializada para hacer cumplir el Reglamento de Tránsito.
En entrevista con Diario Basta!, Luna aseguró que el programa piloto impulsado por autoridades capitalinas bajo el argumento de los preparativos por el Mundial podría volverse una medida permanente, lo que abriría nuevos espacios para actos de corrupción y abusos de autoridad.
“El problema no se resuelve aumentando el número de policías facultados para multar, sino fortaleciendo a la corporación especializada en tránsito”, sostuvo Luna.
El dirigente señaló que la CDMX enfrenta una creciente crisis de movilidad por falta de orden en varias zonas. Como ejemplo, mencionó el desbordamiento del comercio ambulante en corredores como Eje 1 Norte y Circunvalación, donde la autoridad ha mostrado una actitud permisiva que provoca caos vial y afectaciones para usuarios y transportistas.
Además, advirtió que darles facultades sancionadoras a corporaciones cuya función principal no es la regulación vial podría generar criterios discrecionales, confusión en la aplicación de las normas e incluso conflictos entre ciudadanos y agentes. Asimismo, alertó que este esquema podría volverse una herramienta con fines meramente recaudatorios, donde las multas sean para incrementar ingresos gubernamentales en lugar de mejorar la seguridad vial.
Finalmente, exigió a las autoridades recuperar el estado de derecho mediante una estrategia transparente, con capacitación adecuada, supervisión efectiva y mecanismos contra la corrupción. De lo contrario, advirtió, la medida podría traer más abusos en las calles y más incertidumbre jurídica para conductores.