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MARIO LÓPEZ
GRUPO CANTÓN
La extorsión se mantiene como uno de los delitos que más preocupan a comerciantes y habitantes de Coacalco, municipio gobernado por David Sánchez Isidoro.
Desde el inicio de su nueva administración, en el 2025 continúan registrándose denuncias por amenazas telefónicas, cobro de derecho de piso y presiones económicas contra automovilistas y motociclistas.
Datos de incidencia delictiva indican que este delito ha tenido un comportamiento persistente en el municipio, afectando tanto a negocios como a ciudadanos que utilizan diariamente las vialidades locales.
Registros de seguridad y reportes empresariales señalan que entre 2024 y 2025 los casos de extorsión tuvieron un incremento cercano al 40 por ciento.
Aunque las cifras oficiales muestran decenas de carpetas de investigación abiertas ante el ministerio público, especialistas advierten que el número real podría ser mayor debido a la llamada “cifra negra”, ya que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades.
Las modalidades más frecuentes incluyen la extorsión telefónica, el secuestro virtual y el cobro de derecho de piso dirigido a pequeños comercios y transportistas. En el caso de las llamadas de amenaza, los delincuentes se hacen pasar por integrantes de grupos criminales o supuestos funcionarios para intimidar a las víctimas y obligarlas a realizar depósitos bancarios. En otros casos simulan tener secuestrado a un familiar o inventan emergencias para presionar a las personas
Sin embargo, comerciantes y vecinos también han denunciado otra práctica que ha generado preocupación: presiones y supuestas extorsiones en el ámbito del tránsito vehicular. Automovilistas y motociclistas han señalado que en algunos operativos o revisiones viales se les exige dinero para evitar multas o remisiones al corralón, lo que ha sido interpretado por ciudadanos como una forma de extorsión que impacta directamente en quienes utilizan diariamente las vialidades del municipio.
Este tipo de prácticas, sumadas a las amenazas telefónicas y al cobro de cuotas a negocios, han generado una percepción creciente de inseguridad en distintas colonias del municipio. Especialistas en seguridad señalan que, aunque muchas llamadas de extorsión no se concretan porque las víctimas cuelgan o denuncian, se estima que entre el diez y el veinte por ciento de los intentos logra consumarse.
Por ello, organizaciones empresariales y ciudadanos demandan de forma permanente reforzar las estrategias de prevención y vigilancia para contener un delito que continúa afectando la economía local y la confianza social.
