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Por Ana E. Rosete
Omisión en política es acción
La decisión del alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de no albergar un Fan Fest con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es un hecho menor ni puede despacharse bajo la cómoda coartada de la prudencia administrativa. Es, en realidad, un acto político de gran calado que revela una forma específica de entender el poder público: una que, ante la complejidad, opta por la retracción; ante la oportunidad, por la renuncia.
Se ha dicho que no existen condiciones presupuestales ni operativas para garantizar seguridad, logística y servicios sin comprometer las obligaciones cotidianas de la demarcación. El argumento, en apariencia técnico, merece ser examinado con mayor rigor. Gobernar no consiste en administrar inercias, sino en articular capacidades. La escasez, cuando es invocada sin matices, suele encubrir o bien una deficiente planeación o bien una falta de voluntad política para construir soluciones en contextos adversos.
Resulta particularmente desconcertante que esta negativa provenga de una de las alcaldías con mayor densidad económica, infraestructura urbana y conectividad de la capital. En Miguel Hidalgo convergen algunos de los principales corredores financieros, culturales y turísticos de la ciudad. No se trata, pues, de un territorio marginal o limitado en recursos materiales, sino de uno que históricamente ha capitalizado los beneficios derivados de la proyección internacional de la capital.
La pregunta, entonces, no es si la alcaldía podía o no organizar un Fan Fest. La pregunta es por qué decidió no hacerlo.
Porque la omisión, en política, también es una forma de acción. Y en este caso, la acción consiste en sustraerse de un momento de visibilidad global que otras instancias de gobierno ya han asumido como prioritario.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 no es únicamente un evento deportivo: es un dispositivo de atracción económica, un escenario de posicionamiento internacional y una oportunidad para dinamizar sectores enteros de la economía urbana.
Renunciar a ello implica, inevitablemente, trasladar los costos a terceros. A los pequeños y medianos comercios que dejarán de beneficiarse de la afluencia extraordinaria. A los trabajadores del sector servicios que verán mermadas oportunidades de ingreso. A una ciudadanía que, más allá de filiaciones políticas, queda excluida de un espacio público de celebración colectiva. Y esa elección, por más que se revista de racionalidad técnica, es —y debe ser entendida como— profundamente un berrinche político.
Pero hay, además, una dimensión más profunda: la simbólica. Las ciudades —y sus gobiernos— se definen también por su capacidad de estar a la altura de los momentos excepcionales. Replegarse frente a uno de ellos envía un mensaje inequívoco: aquí no se arriesga, aquí no se apuesta, aquí no se gobierna para expandir horizontes, sino para administrar límites.
En última instancia, la decisión de Miguel Hidalgo no habla únicamente de un evento que no ocurrirá. Habla de una concepción del ejercicio público que, ante la exigencia de coordinar, innovar y asumir responsabilidades mayores, elige la vía más estrecha.
Y esa elección, por más que se revista de racionalidad técnica, es —y debe ser entendida como— profundamente un berrinche político.
