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Por Juan R. Hernández
En un país marcado por el dolor de las desapariciones, la búsqueda de personas no puede entenderse como un tema más en la agenda pública, sino como una política de Estado profundamente comprometida con la justicia, la verdad y la dignidad de las víctimas. Bajo esa premisa, la postura de la diputada Ana Buendía, al respaldar las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, abre un debate necesario: ¿qué tan útiles son los diagnósticos que no reflejan el contexto completo?
El señalamiento es claro. No se puede construir justicia desde visiones parciales o metodológicamente cuestionables. La crítica al informe internacional no implica negar la crisis ni minimizar el sufrimiento de miles de familias, sino exigir que cualquier evaluación se base en datos representativos, actualizados y contextualizados. De lo contrario, el riesgo es caer en la politización del dolor.
Buendía pone sobre la mesa un punto clave: en los últimos años se han fortalecido capacidades institucionales que no pueden ignorarse. La Comisión Nacional de Búsqueda ha ampliado su alcance operativo; se han desarrollado registros más robustos y se han impulsado mecanismos de coordinación entre fiscalías, autoridades locales y federales. A ello se suman avances en identificación forense y cruces de información que, si bien aún insuficientes, representan pasos firmes.
El desafío sigue siendo enorme. Nadie lo niega. Pero tampoco se puede desestimar el esfuerzo institucional ni el acompañamiento a colectivos y madres buscadoras, quienes continúan siendo el motor moral de esta lucha.
Desde el ámbito legislativo, el compromiso es claro: consolidar una política pública integral que garantice el derecho a la verdad. Y en ese camino, la coordinación entre niveles de gobierno, organismos internacionales y sociedad civil debe sostenerse sobre información objetiva, respeto a la soberanía y, sobre todo, sensibilidad frente al dolor humano.
Porque en la búsqueda de personas, la justicia no admite atajos, pero tampoco diagnósticos incompletos.
