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Se destinan 85.4 millones a 17 partidos locales, pese a su poca relevancia

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Juan R. Hernández
GRUPO CANTÓN

Con miras al proceso electoral de 2027, el gasto en partidos políticos locales vuelve a encender alertas: un total de 85 millones 400 mil pesos se destina anualmente a 17 fuerzas políticas estatales. Muchas de ellas no tienen presencia nacional y cuentan con poca representación.

Una investigación basada en información del Instituto Nacional Electoral (INE) y en los datos presupuestales de 2025 revela que 22 de los 28 partidos existentes en México no poseen registro nacional. Adicionalmente, al menos 17 operan únicamente en un solo estado, pese a recibir financiamiento público constante.


Estas organizaciones, aunque pequeñas en estructura, representan una carga económica comparable a la de partidos dominantes. Entre los casos más representativos destaca el Partido Sinaloense, que encabeza la lista con 15.6 millones de pesos, seguido por Unidad Democrática de Coahuila, con 12.6 millones, y por el Partido Sonorense, que recibe 9.7 millones de pesos.

En la misma línea, el Partido Social de Integración, en Puebla, obtiene 7 millones; el Partido Alianza Ciudadana, en Tlaxcala, recibe 6 millones. Sumado a ello, el partido Vida Nuevo León recibe 6.5 millones de pesos. Además, en Tlaxcala y Morelos, las cifras oscilan entre los 2.2 y 6 millones de pesos, dependiendo de su registro y votación previa.

Incluso fuerzas políticas con menor impacto electoral, como Redes Sociales Progresando, en Quintana Roo, o partidos locales en Aguascalientes, reciben entre 1.3 y 1.6 millones de pesos, lo que evidencia un sistema de financiamiento que no necesariamente responde a resultados en las urnas.

Por lo anterior, han sido señalados como un “subsidio permanente” a estructuras políticas sin arraigo ciudadano, que sobreviven gracias al erario. A medida que se acercan los comicios de 2027, crece el cuestionamiento sobre la pertinencia de mantener este modelo de financiamiento público.

Mientras tanto, los partidos locales continúan operando con recursos garantizados, en medio de un debate nacional sobre la eficiencia, transparencia y verdadero impacto de estas organizaciones en la vida democrática del país.

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