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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La muerte de la activista protectora de los animales Diana Belén Ramírez no solo expone un crimen, sino una cadena de omisiones institucionales que hoy colocan al gobierno municipal de Tultitlán bajo cuestionamiento.
La activista, conocida por su labor en el rescate de animales, había advertido previamente sobre amenazas en su contra; sin embargo, las autoridades locales no activaron ningún mecanismo de protección.
De acuerdo con testimonios de personas cercanas, la víctima acudió en más de una ocasión a solicitar apoyo ante instancias de seguridad municipal. Sus alertas, lejos de detonar una respuesta preventiva, quedaron archivadas sin seguimiento. Semanas después, fue localizada sin vida, en un caso que ahora escala del ámbito delictivo al político.
El señalamiento recae directamente en la administración encabezada por Ana María Castro Fernández, a quien colectivos responsabilizan por no haber dimensionado el riesgo. La falta de protocolos claros y la inacción ante denuncias previas evidencian, según activistas, una administración sin capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad.
Mientras el gobierno municipal sostiene que no existían elementos suficientes para considerar un riesgo inminente, organizaciones civiles cuestionan esa postura y advierten una falla estructural: la incapacidad para escuchar y proteger. Incluso, han surgido dudas sobre el manejo de información sensible, ante la posibilidad de filtraciones que habrían dejado expuesta a la víctima.
La indignación social crece. Manifestaciones frente al ayuntamiento exigen justicia y responsabilizan a las autoridades por omisión. Para los colectivos, el caso no es aislado, sino reflejo de un patrón de indiferencia institucional que pone en riesgo a quienes denuncian.
Hoy, el asesinato de Diana Belén Ramírez se convierte en símbolo de una administración rebasada, donde la falta de pericia y reacción oportuna terminó por costar una vida. La exigencia es clara: que la omisión también tenga consecuencias
