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Acusan obras irregulares en zonas históricas protegidas de Álvaro Obregón

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Redacción
Grupo Cantón

Ciudad de México.- Vecinos, especialistas y legisladoras encendieron la alerta por presuntas obras sin control en la alcaldía Álvaro Obregón, encabezada por Javier López Casarín, donde acusan que intervenciones públicas están ignorando las restricciones en zonas patrimoniales como San Ángel, San Ángel Inn y Chimalistac.

Las diputadas panistas Claudia Montes de Oca y Liz Salgado denunciaron que las obras de pavimentación han sustituido el tradicional empedrado por concreto, alterando la imagen urbana y vulnerando criterios de conservación establecidos en la declaratoria patrimonial. En redes sociales, los reclamos ciudadanos se han multiplicado ante lo que califican como intervenciones invasivas.


Uno de los puntos más delicados es la aparente falta de autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), requisito indispensable para cualquier obra en polígonos protegidos. De acuerdo con las legisladoras, no existe evidencia pública de que dichas intervenciones cuenten con el aval correspondiente, lo que abre dudas sobre la legalidad de los trabajos.

Las zonas afectadas no son menores: forman parte de uno de los conjuntos históricos más emblemáticos de la capital, cuyo origen se remonta a asentamientos prehispánicos y al desarrollo colonial en torno al Convento del Carmen. Su arquitectura, calles arboladas y casonas tradicionales constituyen un patrimonio cultural que ha sido preservado por décadas.


Salgado subrayó que proteger estas áreas no es frenar el desarrollo, sino garantizar que cualquier intervención respete la normatividad vigente. “No se trata de impedir obras, sino de hacerlas con responsabilidad y apego a la ley”, señaló.

Las legisladoras advirtieron que actuar sin control ni supervisión pone en riesgo la identidad histórica de la ciudad. Por ello, exigieron a la alcaldía transparentar los permisos, atender las quejas vecinales y cumplir con las disposiciones legales, al recordar que el respeto al patrimonio no es opcional, sino una obligación pública.

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