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JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- En México, el feminicidio sigue siendo un problema estructural. En 2024 hubo 855 casos; y en 2025, 721, una baja de 15.4%, según el SESNSP. Sin embargo, ese mismo año hubo 2 mil 74 homicidios dolosos de mujeres y más de 5 mil 20 asesinatos hasta octubre, de los cuales solo 597 fueron tipificados como feminicidio. Además, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advierte que apenas entre 24% y 27% de los casos se investigan como feminicidio y cerca del 92% permanecen impunes, algo que muestra la crisis de justicia.
Ante este panorama, Ernestina Godoy, titular de la FGR, presentó una iniciativa de reforma al artículo. 73 constitucional con el fin de crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio. Con ello, el Congreso podría expedir una Ley General que homologue el tipo penal en las 32 entidades.
La iniciativa contempla penas de 40 a 70 años de prisión y hasta 21 agravantes; y reconoce nueve razones de género, como violencia sexual, antecedentes de maltrato, relaciones de poder o exposición del cuerpo. Asimismo, establece que el delito será perseguido de oficio, con perspectiva de género en todas las etapas, y que tanto la sanción como la reparación del daño serán imprescriptibles. También, se plantea la pérdida de derechos sucesorios, patria potestad y custodia por parte del agresor.
Además, se incluye la creación de fiscalías especializadas con personal certificado y protocolos homologados para garantizar investigaciones sin interrupciones.
En materia de víctimas, se plantea atención médica, psicológica y jurídica gratuita, junto con la creación de un registro nacional de menores en orfandad por feminicidio, en coordinación con el DIF.
La presidenta Sheinbaum respaldó la propuesta y adelantó que será enviada al Senado. Subrayó que es “para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, desde el primer momento, bajo la hipótesis de feminicidio”, con protocolos obligatorios en todo el país.
Así, se busca cerrar brechas de impunidad y consolidar un sistema nacional que enfrente uno de los delitos más graves contra las mujeres en el país.
