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Juan R. Hernández
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial del Agua, que fue el 22 de marzo, el Gobierno Federal puso cifras sobre la mesa: ha habido 7,614 inspecciones, más de mil clausuras, 531 mdp pagados a intermediarios, 18 títulos irregulares con adeudos por 234 millones, multas de hasta 3.5 millones y un pasivo nacional de 12 mmdp. Con la nueva Ley de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, aprobadas en diciembre de 2025, Sheinbaum afirmó que se rompe el esquema de privilegios instaurado desde 1992.
Acompañada por Efraín Morales López, titular de la Conagua, la mandataria subrayó que la reforma retoma el principio juarista de igualdad ante la ley, al prohibir la transmisión de derechos entre particulares, frenar la mercantilización y reconocer el agua como un derecho humano.
La legislación elimina cambios de uso de concesiones agrícolas sin costo, combate el acaparamiento y fortalece a Conagua contra prácticas ilegales. Asimismo, reconoce sistemas comunitarios en ejidos e indígenas, devolviéndoles derechos a pequeños productores desplazados por esquemas opacos.
Uno de los avances clave fue la entrega directa de títulos de agua a municipios de Baja California, donde, durante años, pagaron más de 531 mdp a intermediarios. Ahora administran el recurso sin fines de lucro y priorizan el consumo humano.
En su exposición, Morales López exhibió los abusos: en Zacatecas, siete títulos se convirtieron en 50 para uso industrial; en Chihuahua, concesiones sin uso bloqueaban a usuarios reales; y, en Querétaro, familias acaparaban volúmenes para su venta en pipas.
Entre los beneficiarios y actores señalados, destaca la familia Calzada, vinculada al exgobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa. También, sobresale una refresquera “muy famosa” con 18 títulos irregulares, que no está pagando poco más de 2 millones 800 mil m³ del total que tiene concesionado.
Las sanciones ahora incluyen clausuras, cancelación de concesiones y prisión por perforaciones ilegales. El trasfondo se remonta al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando la ley de 1992 disparó las concesiones de 2 mil a más de 550 mil, concentrando el recurso: hoy, el 7% de concesionarios controla el 70% del agua. Con la reforma, el gobierno busca revertir esa desigualdad histórica.
