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Ana E. Rosete
Ciudadanos encendieron las alertas por la posible implementación de las llamadas “Casas de Gobierno” dentro del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México, al advertir que esta figura podría transformarse en un mecanismo de centralización del poder y debilitamiento de las alcaldías.
La denuncia, difundida a través de redes sociales, señala que estas estructuras, planteadas inicialmente como espacios de atención y cercanía entre gobierno y ciudadanía, podrían evolucionar a “Consejos de Gobierno Comunitario” con rango constitucional.
De acuerdo con el señalamiento, estas nuevas instancias no solo funcionarían como centros de gestión territorial, sino que además tendrían facultades normativas, jurídicas y presupuestarias, lo que implicaría una invasión directa a las atribuciones actualmente ejercidas por las alcaldías.
En su concepción original, las “Casas de Gobierno” buscan acercar servicios, canalizar demandas ciudadanas y servir como punto de organización comunitaria. Sin embargo, críticos advierten que el problema no radica en la idea, sino en el alcance que se les pretende otorgar.
“La preocupación no es la cercanía con la gente, sino que estas figuras terminen respondiendo al gobierno central y no a las comunidades”, advierte la denuncia.
Además, se señala que este rediseño institucional podría generar duplicidad de funciones y restar autonomía a los gobiernos locales, al concentrar decisiones clave en estructuras paralelas alineadas con la administración central.
El señalamiento va más allá. También se advierte sobre un posible intento de reformar la Constitución de la Ciudad de México para modificar el mecanismo de elección de alcaldes, lo que permitiría que su designación quede bajo control del gobierno central. Esta posibilidad ha sido calificada por ciudadanos como una medida “totalmente regresiva”.
Otro de los riesgos expuestos es el debilitamiento de la participación ciudadana independiente. Según la denuncia hecha a través de la cuenta “La voz de la ciudad”, estas nuevas figuras podrían sustituir o desplazar mecanismos actuales de representación vecinal, convirtiéndose en espacios donde las decisiones ya estén definidas desde arriba y solo se busque su validación.
