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Por Diana Sánchez Barrios
El Congreso de la Ciudad de México tendrá la oportunidad histórica para dar un paso más en la configuración de una Metrópoli vanguardista fundada en los derechos de todos sus habitantes. Ante el pleno del Poder Legislativo local presentaré una iniciativa para adicionar y reformar diversos artículos de la Constitución Política CDMX, con el objetivo de dotar al comercio popular de una legislación progresista que proteja sus derechos sociales y establezca sus obligaciones jurídicas y económicas. Esta propuesta de ley es una versión actualizada de la “Iniciativa Ciudadana Preferente Chambeando Ando”, en cuya confección participaron miles de comerciantes y decenas de especialistas.
Olvidado, estigmatizado y criminalizado durante décadas, el comercio popular ha cobrado relevancia económica y social frente a los problemas de la creciente desigualdad que afectan a nuestras sociedades. El INEGI por medio de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo o de las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa, muestra que el comercio popular no es un problema, sino más bien una solución a los graves desafíos del desempleo y la precariedad que aún persisten en México. De acuerdo con esa información el comercio en la vía pública, también denominado –prejuiciosamente- “callejero”, “informal” o “ambulante”, ha crecido sin interrupción convirtiéndose en una alternativa para millones de personas.
A finales de 2025 se crearon más de 655 mil plazas en el sector informal de la economía elevando su tasa de participación del 54.8% al 55.7%, siendo las mujeres el principal actor económico. Se estima que actualmente más de 33 millones de compatriotas trabajan en el sector del comercio popular. Esto en el marco de un descenso, el más pronunciado en la última década, en la creación de empleo formal que en este periodo perdió 308 mil puestos de trabajo. Todo con una previsión a la baja del crecimiento económico estimado por el Banco de México en 1.6% para este año. El empleo en el país se encuentra estancado dado que solo 59.5 millones de personas estuvieron empleadas en 2025, una cifra similar a la de 2024.
Hablar de justicia social, entonces, es una urgencia ética. Es entender que no puede haber democracia, ni desarrollo social sin equidad, ni futuro para la sociedad sin reconocer el trabajo de todos. Es dejar de ver al vendedor ambulante como un estorbo y empezar a entenderlo como un actor económico relevante. El comercio popular es trinchera y testimonio de la dignidad humana que se niega a morir en el silencio de la exclusión. Representa un acto de resistencia por el reconocimiento de los olvidados.
El comercio popular, despreciado por los poderosos, es el corazón palpitante de un movimiento social que habla la lengua de los marginados y de los derechos negados. Si se aprueba esta iniciativa legislativa, la Ciudad de México estaría colocándose a la altura de otras grandes urbes del planeta donde el comercio popular ya es reconocido legalmente como un factor del desarrollo económico, social y humano.
