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Ana E. Rosete
En el complejo panorama de la seguridad en México, la métrica más reveladora no es el número de detenciones, sino la “cifra oculta”. Según el reporte “Radiografía de la Impunidad en México 2024” de México Evalúa, el 93% de los delitos que ocurren en el país no se denuncian o no derivan en una investigación formal, evidenciando una fractura profunda entre la ciudadanía y las instituciones de justicia.
Esta información fue obtenida de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, estas cifras colocan al país en una posición alarmante al compararlo con otras naciones de la región y el mundo.
El fenómeno de los “crímenes sin reportar” no es exclusivo de México, pero la magnitud local es excepcional. Mientras que en países con sistemas de policía local robustos la cifra es significativamente menor, en México la desconfianza y las barreras burocráticas mantienen el indicador en niveles críticos.
Por ejemplo en Estados Unidos solo el 52% de los delitos no se denuncian, mientras que en el Reino Unido la cifra es del 62%. En tanto en el país latinoamericano de Colombia la cifra asciende al 77% de delitos que no llegan a las comisarias para ser registrados.
El informe destaca que la cifra oculta es un termómetro de la desconfianza institucional y de los elevados costos de denunciar. Sin embargo, existen factores metodológicos y operativos que explican por qué México roza el 100% de impunidad previa al sistema.
El filtro de la “Denuncia Formal”: En México, un reporte a la policía no cuenta como delito registrado a menos que se convierta en una denuncia ante la Fiscalía. Si la policía atiende un caso o lo deriva a justicia cívica, la ENVIPE sigue contabilizándolo como parte de la cifra oculta.
El rol de las policías: En EU y Reino Unido, las policías locales reciben denuncias directamente, lo que reduce el subregistro. En México, la fragmentación entre policías (que suelen ser el primer contacto) y fiscalías genera un cuello de botella.
Delitos invisibles: La medición actual deja fuera delitos de alto impacto como el narcomenudeo (por no tener una víctima directa que denuncie) y la violencia familiar, lo que podría alterar la percepción real de la criminalidad.
El análisis sugiere que para reducir este 93%, México debe fortalecer las facultades de las policías para recibir denuncias y dar validez a la justicia cívica.
Si el Estado logra que los reportes policiales y las soluciones alternativas de conflictos no sean vistos como “impunidad”, se podría obtener un panorama más realista y eficiente de la seguridad en el país.
La cifra oculta no es solo un número; es el reflejo de ciudadanos que deciden no acudir al sistema porque perciben que, al final del día, “no pasará nada”.
