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• Fue señalada en una denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control
TEXTO: REDACCIÓN
En los pasillos de la Secretaría de Relaciones Exteriores ya empezó a sonar un nombre con fuerza: Vanessa Calva Ruiz. La funcionaria, actual directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, fue señalada en una denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control por presuntas omisiones graves en la atención de un expediente relacionado con la restitución internacional de dos menores.
El recurso fue promovido por el padre de las niñas, quien acudió por su propio derecho y también en representación de sus hijas. En su escrito, apunta directamente a Vanessa Calva y a otros servidores públicos por una supuesta falta de diligencia en el manejo del expediente PCP/750-14 (COL/MEX-EDOMEX/25)075, ligado a un procedimiento especial en el marco del Convenio de La Haya.
De acuerdo con el escrito presentado, el denunciante sostiene que el 19 de marzo de 2025 informó a autoridades de la Secretaría sobre diversos elementos que, a su consideración, acreditaban que la residencia habitual de las menores se encontraba en México. Sin embargo, afirma que dichos documentos no habrían sido valorados antes de que el caso fuera remitido a instancias judiciales, situación por la cual se señala la actuación de Vanessa Calva Ruiz y de otros servidores públicos adscritos a la dependencia.
El documento también indica que se notificó a la autoridad sobre antecedentes relacionados con presuntos actos de violencia y sobre la existencia de una resolución judicial en México mediante la cual se otorgó la guarda y custodia de las menores. Según la denuncia, esta información tampoco habría sido considerada durante la evaluación del trámite en el que se menciona la responsabilidad administrativa de Vanessa Calva Ruiz.
La denuncia solicita al Órgano Interno de Control iniciar una investigación administrativa para determinar posibles responsabilidades de Vanessa Calva Ruiz y de otros servidores públicos involucrados, así como dar vista al Ministerio Público Federal para evaluar la eventual comisión de delitos relacionados con omisiones en el ejercicio del servicio público.
