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Por Ceci Vadillo
La reforma electoral que la presidenta propuso hace unas semanas buscaba reducir el presupuesto de los partidos políticos, modificar la elección de plurinominales y establecer mecanismos avanzados para rastrear aportaciones económicas a las campañas, evitando la infiltración del crimen organizado. Sin embargo, este proyecto no logró avanzar ante la resistencia de las élites políticas de siempre, que decidieron proteger un sistema que durante años les permitió perpetuarse en el poder y beneficiarse de los recursos públicos.
Transformar la vida pública del país no es sencillo. Desde 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se han enfrentado intereses profundamente arraigados que se oponen a cualquier cambio que afecte sus privilegios. Esta no es la excepción. Pero la transformación no se detiene: el 17 de marzo la presidenta presentó un nuevo Plan B en materia electoral.
El eje central se mantiene: reducir el gasto.
México tiene uno de los sistemas políticos más costosos del mundo, con estructuras sobredimensionadas y altos niveles de financiamiento partidista. La propuesta estima un ahorro de 4 mil millones de pesos, un avance significativo frente a los 5 mil 700 planteados en el “PLAN A”.
La iniciativa busca profundizar la política de austeridad y extenderla a espacios donde aún persisten excesos. Se plantean recortes en municipios, dirigencias partidistas y el INE, con topes salariales para que nadie gane más que la presidenta, así como la obligación de los partidos de transparentar los sueldos.
Entre sus medidas destaca la reducción del número de regidores, con un máximo de 15, frente a casos actuales donde llegan a 20 o más. También se propone limitar el gasto de los congresos locales, que hoy supera los 18 mil millones de pesos, para que no rebase el 0.7% del presupuesto estatal.
En materia de partidos, se fortalece la fiscalización de recursos, incluso con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, para evitar el uso de dinero ilícito o de origen extranjero. Asimismo, se busca eliminar duplicidades del INE y órganos locales, así como adelantar el conteo de votos al día de la elección, actualmente es el miércoles y esto puede dar pie a desconfianza ciudadana. El viejo régimen utilizó estos días para acomodar los resultados a su antojo.
La democracia no puede seguir siendo un espacio de privilegios. Este Plan B confirma que la transformación sigue en marcha: paso a paso, desmontando excesos y acercando el poder a la gente.
