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Con nuevos operativos, cambios internos y prioridades contra crimen organizado, la FGR busca mayor eficiencia en investigaciones y judicialización de delitos federales
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Con la llegada de Ernestina Godoy a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), la institución inició una etapa de reestructuración interna y redefinición de prioridades para fortalecer la persecución de delitos federales y reducir la impunidad.
Desde su ratificación por el Senado en diciembre de 2025, Godoy se convirtió en la primera mujer en encabezar la FGR, con el compromiso de mejorar la integración de carpetas de investigación, fortalecer el trabajo ministerial y priorizar casos de alto impacto relacionados con delincuencia organizada, tráfico de armas, robo de hidrocarburos y delitos federales.
Entre las primeras acciones de su gestión destaca una reorganización de áreas clave, incluyendo cambios en la Agencia de Investigación Criminal y en fiscalías especializadas, con el objetivo de mejorar la coordinación operativa y fortalecer las investigaciones estratégicas contra redes criminales.
La estructura de la institución contempla 165 agencias del Ministerio Público, de las cuales 73 están enfocadas en delitos federales, además de una plantilla superior a 20 mil trabajadores encargados de tareas ministeriales, periciales y de investigación.
En materia operativa, la FGR ha puesto énfasis en delitos relacionados con armas y explosivos, que representan cerca del 18.9% de las carpetas, seguido por robos con 17.2% y delitos en materia de hidrocarburos con 8.7%, considerados áreas prioritarias en la estrategia federal contra el crimen organizado.
De acuerdo con datos institucionales, la fiscalía registró más de 91 mil determinaciones ministeriales en un año, lo que refleja un aumento cercano al 5% en la actividad procesal respecto al periodo anterior, en un intento por agilizar las resoluciones de investigaciones.
La nueva fiscal ha insistido en que su administración buscará combatir la impunidad sin fabricar culpables, fortaleciendo la calidad de las investigaciones para que los casos lleguen a tribunales con mayor solidez jurídica.
Entre sus prioridades también destacan la profesionalización del personal, el fortalecimiento de la policía ministerial y la coordinación con autoridades de seguridad federal, con el objetivo de consolidar un sistema de procuración de justicia más eficiente y con mayor capacidad de respuesta frente al crimen organizado.
