Visitas
Concejal Hugo Torres denunció segundo intento de desalojo contra siete familias en Narvarte; vecinos frenaron operativo realizado por presuntos elementos de fiscalía capitalina
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Un segundo intento de despojo encendió nuevamente las alarmas entre vecinos del edificio ubicado en Heriberto Frías 250, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con el concejal Hugo Torres, esta vez elementos presuntamente adscritos a la Procuraduría capitalina intentaron desalojar a siete familias, en un operativo que incluyó alrededor de 40 personas y varias camionetas.
En entrevista con Diario BASTA!, el concejal explicó que desde la mañana comenzaron a llegar patrullas que no pertenecen a la demarcación, así como personas vestidas de civil que descendieron de camionetas tipo Suburban y se colocaron afuera del inmueble.

“Montaron un operativo como si fueran contra un grupo delincuencial, cuando en realidad son vecinos, adultos mayores y familias”, denunció Torres, quien acudió al lugar al enterarse de la situación.
Según el concejal, la presencia de medios de comunicación y la movilización de vecinos permitió frenar momentáneamente el intento de desalojo, pues los habitantes del inmueble cuentan con un amparo vigente que impide ejecutar acciones legales en su contra.
“Había más de 40 funcionarios contra siete familias. La gente empezó a acercarse, llegaron representantes vecinales y al final se retiraron sin realizar el desalojo”, relató.
Torres advirtió que el operativo generó temor entre los habitantes, quienes temen que el despojo pueda intentarse nuevamente en cualquier momento, especialmente durante días festivos o fines de semana.
El concejal informó que el caso ya fue comunicado a la Secretaría de Gobierno de la capital, encabezada por César Cravioto Romero, donde se ofreció apoyo y asesoría a los afectados.
Antecedente violento
El conflicto por este inmueble no es nuevo. El 6 de agosto de 2025, Diario BASTA! documentó un violento desalojo cuando más de 40 personas, encabezadas por el actuario judicial Abel Martínez Camacho, irrumpieron en el edificio.
Armados con mazos, los agresores rompieron puertas y cerraduras para expulsar a las familias que aseguran haber habitado el lugar por más de 40 años.
Los vecinos denunciaron que el procedimiento se basó en una demanda civil de la empresa Rematify S.A. de C.V. contra Salvador Martín González Padilla, quien —según los residentes— nunca ha vivido en el inmueble.
Ante el nuevo intento, los habitantes exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar quién ordenó el operativo y frenar lo que califican como un nuevo capítulo de la llamada “mafia del despojo” en la alcaldía gobernada por Luis Mendoza.