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El ahora titular del órgano “ayudó” a distintos gobiernos estatales a encubrir irregularidades
REDACCIÓN
Ciudad de México.- Aureliano Hernández Palacios, nuevo titular de la Auditoría Superior de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fue denunciado por estar involucrado en auditorías a modo, cuya finalidad era “ayudar” a distintos gobiernos estatales a encubrir las irregularidades detectadas durante las revisiones anuales de la cuenta pública de las entidades favorecidas.
Y es que de acuerdo a la revista Proceso, en 2025 un alto funcionario de la ASF presentó una denuncia ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) del órgano fiscalizador para dar cuenta de las anomalías que se cometían en el área de la ASF encabezada por Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial de Gasto Federalizado, la cual tiene como función la vigilancia del gasto de los recursos federales que se otorgan a los gobiernos estatales y municipales.
El denunciante, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por seguridad, detalló que los gobiernos estatales negociaban directamente con Barriga Delgado; el entonces director de Gasto Federalizado, Aureliano Hernández y David Isaac Ortiz, secretario técnico, para que no se les emitiera un pliego de observaciones sobre las irregularidades detectadas en la revisión de las cuenta pública, que les fija formas y plazos para solventarlas, sino que los casos quedaban únicamente en requerimientos de información, que las entidades federativas entregaban de manera selectiva; la consecuencia, es que los auditores se veían obligados a justificar montos millonarios sin contar con elementos necesarios para ello.
Entre los casos detallados en el reportaje destaca el del gobierno de Nuevo León, a cargo de Samuel García. En una revisión de 62 contratos correspondientes a la cuenta pública 2023, que se pagaron con recursos federales, se encontraron diversas irregularidades como falta de documentación probatoria de la ejecución de los recursos y del cumplimiento cabal de los contratos, lo cual configuraba un daño al erario por más de 192 millones de pesos.
Lo mismo pasó en el gobierno de Morelos, encabezado por la morenista Margarita González Saravia; una revisión de contratos pagados con recursos federales en los Servicios de Salud, arrojó un daño patrimonial superior a los mil 151 millones de pesos.
