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Por Eduardo López Betancourt
Un órgano inaccesible
En la Ciudad de México existen catorce salas, cada una conformada por tres magistrados, destina-das a atender las quejas de los particulares. De inicio, se trata de un órgano prácticamente inaccesible: lograr entrevistarse con un magistrado es poco menos que imposible. Se exige identificación oficial y, al final de cuentas, el ciudadano se enfrenta a la negativa sistemática de quienes rara vez, o nunca, reciben a los gobernados.
En lo personal, viví una de las experiencias más ingratas de mi vida. Me enfrenté a una administración mal informada en asuntos que, para mí, resultaban desconocidos, particularmente por parte de la magistrada que integra la llamada Decima Cuarta Sala, la señora licenciada Fátima González Tello. Se negó a recibirme, siendo yo el quejoso, y cuando finalmente accedió, tuvo el descaro de otorgarme una cita ¡cinco meses después!
Podría entenderse que su fallo me haya sido adverso; ello no sería lo más grave, pues existen otros mecanismos legales para impugnar. Lo verdaderamente preocupante es que, tras mis constantes visitas a dicho Tribunal, pude constatar que muchas resoluciones dictadas en contra de autorida-des simplemente no se cumplen.
Me cercioré, por ejemplo, de que existen cientos de quejas contra el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). Este organismo se burla de los derechohabientes: aunque supuestamente la Décimo Cuarta Sala impone multas, dichas sanciones no se pagan ni se ejecutan. Surge entonces la pregunta obligada: ¿para qué sirve tanto gasto en tribunales admi-nistrativos al servicio del poder público, si únicamente generan frustración en los particulares?
Cuentan con oficinas suntuosas, sueldos más que generosos y una extensa plantilla laboral que, según la percepción de los usuarios, poco o nada aporta a la solución efectiva de los conflictos.
Es urgente que los tribunales administrativos actúen con verdadera imparcialidad; que no estén únicamente para darle la razón al gobierno y que cuenten con acción ejecutiva suficiente para ha-cer cumplir sus determinaciones. Sin olvidar, por supuesto, la prontitud con la que deben resolverse los asuntos, dejando atrás la tramitología que hoy los caracteriza.
Los magistrados administrativos deben ser electos por el pueblo, a fin de evitar perfiles como el de la magistrada Fátima González Tello, cuya permanencia en un cargo de tan alta responsabilidad resulta, cuando menos, cuestionable ante la percepción de animadversión y falta de interés por impartir justicia pronta y correcta.
México necesita un cambio de fondo, particularmente en el trascendental ámbito de la justicia.
