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Por Jorge Gómez Naredo
La reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum toca temas que cuentan con un respaldo amplísimo de la población. Según una encuesta de Enkoll, el 87% de los mexicanos apoya una mejor supervisión del dinero usado en campañas; el 85% respalda la reducción de los sueldos y bonos de los altos funcionarios del INE; el 83% está a favor de modificar la forma en que se eligen las diputaciones plurinominales; otro 83% avala reducir el dinero público a partidos y autoridades electorales; el 81% secunda la eliminación de la reelección en todos los cargos de elección popular; y el 80% apoya prohibir el nepotismo.
No se trata, pues, de una ocurrencia. Se trata de una iniciativa que, en sus puntos centrales, coincide con lo que quiere la mayoría del país. Y eso coloca a los partidos ante una definición.
Del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano no habrá sorpresa alguna: harán lo de siempre, oponerse por sistema a todo lo que venga de la 4T. No importa el contenido ni los datos ni el respaldo popular.
Pero el verdadero problema está en los aliados.
El Partido Verde y el Partido del Trabajo han ganado posiciones y poder gracias a su alianza con Morena. Buena parte de los espacios que hoy ocupan no se explica sin el impulso político de la 4T. Y ahora, frente a una reforma respaldada por la mayoría, empiezan a mostrar resistencia. No es difícil entender por qué.
Si votan a favor, tendrían que aceptar menos recursos y menos margen para repartir candidaturas y posiciones desde las cúpulas. Si votan en contra, quedarían exhibidos como partidos que acompañan a la 4T solo mientras les conviene.
Ése es el fondo del asunto.
La reforma electoral de Claudia Sheinbaum no solo cumple una promesa de campaña. También obliga al Verde y al PT a retratarse. A decidir si están con una mayoría social que exige menos privilegios y reglas más limpias, o con sus propios intereses. Ya no podrán esconderse: tendrán que demostrar si están con el pueblo o solo con ellos mismos
