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Por Diana Sánchez Barrios
En los sistemas democráticos, la palabra pública tiene consecuencias jurídicas y políticas. Cuando el diputado panista en el Congreso CDMX, Ricardo Rubio, formula acusaciones graves sin presentar pruebas verificables en contra de mi persona no solo contribuye a la proliferación de mentiras que han sido ya clarificadas por las autoridades correspondientes, sino que abona a la erosión de la calidad del debate democrático y debilita la confianza en los legisladores quienes fuimos electos para ampliar las libertades, tutelar los derechos y exigir responsabilidades para acabar con cualquier forma de impunidad. Cuando la demagogia y la calumnia sustituyen a la evidencia, la política corre el riesgo de deslizarse hacia prácticas autoritarias en las que la fuerza de la falsedad pesa más que la fuerza de la ley. La denuncia sin sustento puede convertirse en un mecanismo de presión política que sustituye el debido proceso por el juicio mediático.
La democracia constitucional se funda en la presunción de inocencia, la legalidad, el debido proceso y la responsabilidad en el ejercicio del poder. Cuando estos principios se ignoran y se privilegian las acusaciones sin fundamento, se abre paso a formas de violencia estigmatizadora que solo buscan desacreditar a personas, organizaciones o sectores sociales completos. No se trata solo de un conflicto político coyuntural, sino de una práctica recurrente de la extrema derecha mexicana que normaliza la descalificación como herramienta de disputa. Este tipo de discursos obligan a recordar las prácticas utilizadas por el fascismo para cancelar a los opositores en la arena pública: la construcción artificial de “chivos expiatorios”, la apelación emocional por encima de la racionalidad jurídica y la exaltación de un orden punitivo frente a sectores considerados indeseables. Ciertos discursos autoritarios -como el de Ricardo Rubio- comparten patrones de exclusión y señalamiento colectivo que la historia ha mostrado como peligrosos.
Estas estrategias son indicadores del declive político de la derecha, sobre todo cuando sus proyectos ideológicos carecen de propuestas estructurales sólidas, son elitistas, fantasiosos y alejados de la realidad, por ello se recurre al escándalo o a la difamación como principal recurso comunicativo y político. En lugar de fortalecer el debate programático sobre el desarrollo urbano, el comercio popular, la regulación económica o las políticas sociales para los excluidos, se privilegia la demagogia y la confrontación personalizada. Esta derecha no se preocupa por la sociedad, sino por sus intereses personales y de partido.
La estigmatización reiterada de actores políticos como los comerciantes populares, los liderazgos comunitarios o las familias con trayectoria política como los Sánchez Barrios, tiene la intensión evidente de imponer una forma de exclusión por medio de la demagogia como forma sutil, pero profunda, de deterioro democrático. La violencia no se ejerce necesariamente con golpes o coerción física. Opera mediante el lenguaje: señala, desacredita y asocia identidades o grupos sociales con conductas negativas sin pruebas.
Cuando un demagogo coloca bajo sospecha a colectivos enteros como los comerciantes populares y sus liderazgos, se produce un daño simbólico que puede traducirse en discriminación material y violencia. En lugar de ofrecer soluciones estructurales, la derecha busca réditos inmediatos mediante la dramatización y la polarización.
Frente a la tentación fascista de la acusación fácil, la política democrática debe reivindicar la prudencia, la evidencia y el respeto a la dignidad de las personas. Solo así se evitará que la controversia legítima se transforme en violencia estigmatizadora y que la disputa ideológica derive en exclusión y autoritarismo discursivo. Aunque el legislador Ricardo Rubio se ha disculpado echando la culpa a sus asesores de lo afirmado por él mismo, anuncio que esto no se queda así, procederé legalmente.
