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Responsabilizan los afectados al exalcalde José Carlos Acosta de haber ordenado la brutal represión en su contra
Christian Daza
La Comisión de Derechos Humanos de la CDMX presentó la recomendación 01-2026 en contra de la alcaldía Xochimilco, por las agresiones en contra de un grupo de indígenas del pueblo de San Gregorio Atlapulco, el 5 de septiembre de 2024. Sin embargo, los agraviados otorgaron el beneficio de la duda a dicha recomendación ante la impunidad en que se encuentran funcionarios como José Carlos Acosta, quien en ese entonces fungió como alcalde de Xochimilco, y es señalado por ordenar la agresión.
Alejandro Velázquez Zúñiga, representante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac y víctima de los hechos, denunció que “del Estado no se puede esperar nada cuando hay servidores públicos que participaron en los hechos del 5 de septiembre que siguen con total impunidad y que son cobijados por el Gobierno de la Ciudad de México”.
“José Carlos Acosta, el ex alcalde de Xochimilco, actualmente trabaja directamente en la subsecretaría de Capital Humano de la Ciudad de México; el director Jurídico y de Gobierno, de la alcaldía Xochimilco, Francisco Pastrana, trabaja actualmente en una institución de un centro de formación laboral que también depende del Gobierno de la ciudad, y además es asesor jurídico del alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero, y desde ahí está operando para hacer lo mismo que paso y sigue pasando en los pueblos de Xochimilco”, lamentó Velázquez Zúñiga.
Por su parte, Anselma Margarito Francisco, de la comunidad otomí, responsabilizó a José Carlos Acosta de la brutal represión que se llevó a cabo por el cuerpo de granaderos, y afirmó que este acto fue totalmente a solicitud del entonces alcalde de Xochimilco.
“Hoy tampoco no conocemos de la responsabilidad y, o sanción a los servidores públicos. A pesar del uso de la fuerza pública siguen gozando de impunidad. Cualquier acto de represión no frenará la movilización. Responsabilizamos de estos actos a Francisco Pastrana y a José Carlos Acosta”, dijo la afectada.
Sofia de Robina Castro, de la Primera Visitaduría de la CDHCM, recordó los hechos de aquel 5 de septiembre de 2024, cuando la policía reprimió una protesta afuera de la alcaldía de Xochimilco, por defender la Casa del Pueblo de San Gregorio Tlamachtiloyan.
Por estos hechos, la CDHCM acreditó que la alcaldía Xochimilco vulneró el derecho humano a la protesta, y le dio un plazo de 60 días para aceptar la recomendación y ofrecer una disculpa pública a los manifestantes, misma que “deberá ser dada por una autoridad de nivel jerárquico de responsabilidad y decisión relacionada con los hechos”, señala el documento.
