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Una denuncia interna sacudió al municipio, luego de que el síndico Martínez Gómez acusara de un presunto desvío de más de 200 mdp del ejercicio fiscal 2025
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La administración municipal de Nicolás Romero enfrenta una de sus mayores crisis políticas tras la denuncia pública de un presunto desvío de más de 200 millones de pesos del presupuesto 2025, acusación lanzada directamente desde el interior del propio Cabildo. El señalamiento fue realizado por el síndico municipal, Felipe de Jesús Martínez Gómez, quien responsabilizó a la estructura gubernamental que encabeza la alcaldesa Yoselín Mendoza de un manejo opaco e irresponsable de los recursos públicos.
La denuncia, expuesta en sesión oficial, exhibe una grave falla en la conducción financiera del municipio y pone en entredicho la capacidad del gobierno local para administrar un presupuesto que supera los mil millones de pesos anuales.
De confirmarse las irregularidades, los recursos presuntamente desviados representarían una pérdida directa para rubros prioritarios como seguridad, infraestructura urbana, servicios públicos y programas sociales, áreas donde las familias de Nicolás Romero arrastran rezagos históricos.
El síndico sostuvo que su señalamiento no responde a disputas partidistas, sino al incumplimiento sistemático de las obligaciones de transparencia por parte del gobierno municipal. Subrayó que la Sindicatura tiene la responsabilidad legal de vigilar el uso del erario, particularmente cuando existen indicios de irregularidades que afectan directamente a la población.
La respuesta de la alcaldesa Yoselín Mendoza fue el silencio. La ausencia de una postura clara y la falta de información sobre auditorías internas o acciones correctivas han sido interpretadas como una muestra de desorden administrativo y falta de pericia política. Hasta ahora, el gobierno municipal no ha informado si dará vista al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), instancia facultada para investigar y fincar responsabilidades.
Para habitantes y organizaciones vecinales, la denuncia confirma una percepción extendida: que el gobierno local ha fallado en garantizar que el dinero público se traduzca en mejoras reales. Colonias con servicios deficientes, calles deterioradas y problemas de seguridad observan cómo millones de pesos desaparecen sin explicación.
En Nicolás Romero, la exigencia ciudadana es clara: no basta con administrar discursos, se requieren respuestas, auditorías y responsables. La falta de acción solo profundiza la desconfianza hacia un gobierno que hoy aparece rebasado por su propia incapacidad de rendir cuentas.
