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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El anuncio de una campaña de regularización comercial en Toluca, lejos de generar tranquilidad, ha despertado miedo e incertidumbre entre cientos de familias que dependen de pequeños negocios instalados en viviendas.
En colonias populares, la presencia de inspectores es interpretada no como apoyo, sino como el inicio de una posible cacería administrativa que podría dejar sin ingresos a quienes viven del comercio diario.
Datos del propio ayuntamiento revelan que una amplia mayoría de las unidades económicas del municipio opera sin licencia de funcionamiento.
Se trata, en su mayor parte, de misceláneas, papelerías, recauderías, cocinas económicas y talleres familiares, negocios de bajo impacto que surgieron como respuesta al desempleo y a la caída del poder adquisitivo.
La autoridad municipal sostiene que el objetivo es ordenar y ofrecer permisos temporales para facilitar la incorporación a la formalidad. Sin embargo, comerciantes de zonas como Capultitlán, Los Sauces y Nueva Oxtotitlán aseguran que sus condiciones económicas no les permiten asumir costos adicionales ni cumplir de inmediato con todos los requisitos.
“Hay días que no vendemos ni lo suficiente para reponer mercancía”, relata una comerciante que pidió anonimato por temor a sanciones.
El miedo se alimenta de experiencias pasadas. Vecinos recuerdan operativos en los que las multas y clausuras llegaron antes que la orientación, afectando directamente la economía familiar. Para muchos, cerrar el negocio, aunque sea por unos días implica no tener dinero para comida, renta o servicios básicos.
A partir de marzo, el municipio prevé intensificar las acciones de regularización. Mientras tanto, en los barrios populares persiste la desconfianza. Los pequeños comerciantes no rechazan el orden, pero exigen que la política pública reconozca su realidad: ventas bajas, informalidad forzada y una economía que apenas alcanza para sobrevivir.
