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Por Ana E. Rosete
Durante años, México celebró la caída de capos como si cada detención fuera el principio del fin. Conferencias solemnes, fotografías de arsenal decomisado y la promesa repetida de que el golpe “debilitaba de manera definitiva” a la organización. La experiencia demostró otra cosa.
Cuando cayeron los líderes de Los Zetas entre 2012 y 2013, la violencia no desapareció: se redistribuyó. De esa fractura surgieron nuevas estructuras, como el Cártel del Noreste. Tamaulipas no entró en calma; entró en reacomodo.
Tras la captura en 2015 del líder de Los Caballeros Templarios, Michoacán tampoco se pacificó. Se atomizó. Células locales tomaron territorios, se multiplicaron disputas y la economía criminal —extorsión agrícola, minería ilegal, control de rutas— continuó operando.
El caso del Cártel de Sinaloa terminó de desmontar la narrativa del capo indispensable. Joaquín Guzmán fue recapturado en 2016 y extraditado en 2017. En esos años, el país alcanzó cifras históricas de homicidio. La organización no desapareció: se reconfiguró en facciones como Los Chapitos y La Mayiza. El sistema sobrevivió al personaje.
Por eso el debate no debería centrarse únicamente en la figura del líder —sea quien sea—, sino en la estructura que lo sostiene. El narcotráfico en México ya no es una empresa personalista; es una red con logística internacional, diversificación de ingresos y mandos intermedios que garantizan continuidad.
Ahora bien, también es cierto que el contexto actual introduce un matiz distinto. La administración de Claudia Sheinbaum ha planteado una estrategia que busca combinar inteligencia, coordinación federal y contención financiera. Y bajo la conducción de Omar García Harfuch en el área de seguridad, se ha privilegiado el trabajo de investigación sobre los operativos espectaculares.
Eso no significa que el problema esté resuelto ni que una captura, por sí sola, transforme el mapa criminal. Pero sí sugiere un giro: entender que el descabezamiento sin desmantelamiento financiero ni territorial produce fragmentación y violencia sucesoria.
Si la lección de los últimos quince años sirve de algo, es esta: ningún capo es indispensable, pero ninguna organización cae únicamente por la caída de su líder. La clave no está en la biografía del jefe, sino en desmontar la arquitectura que permite que, tras cada detención, surjan nuevas siglas.
La verdadera prueba para el Estado no es capturar nombres conocidos. Es evitar que el vacío de poder se convierta, una vez más, en guerra abierta.
