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Redacción
La caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no solo sacudió la estructura del crimen organizado en México. También colocó en el centro del debate político a dos figuras clave en la región turística más importante del Pacífico: el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, y el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana García.
Ambos municipios han sido señalados durante años como puntos estratégicos de operación financiera y logística del grupo criminal. Hoy, tras el operativo federal en el que fue abatido su líder, la atención ya no está solo en la estructura del cártel, sino en los posibles vínculos políticos y financieros que podrían salir a la luz.
Bahía de Banderas: visa retirada e investigaciones abiertas
En el caso de Héctor Santana García, ha trascendido el retiro de su visa por parte de autoridades estadounidenses, en medio de investigaciones relacionadas con lavado de dinero y redes financieras vinculadas al CJNG.
Reportes de inteligencia apuntan a que operadores financieros del grupo criminal mantenían presencia activa en la zona de la bahía, particularmente en sectores como bienes raíces, turismo y empresas fachada. Además, resurgen referencias a vínculos políticos del pasado con el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien fue procesado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.
Con la confirmación de la participación de agencias estadounidenses en el reciente operativo militar, el entorno político de Bahía de Banderas podría enfrentar nuevas revisiones e investigaciones.
Puerto Vallarta: concesiones y redes financieras
En Puerto Vallarta, el nombre del alcalde Luis Munguía también figura en informes de inteligencia estadounidenses. Versiones locales sostienen que durante administraciones pasadas y la actual se habrían tolerado concesiones y esquemas que facilitaron la operación territorial del grupo criminal.
Recientemente, la OFAC y el FBI dieron a conocer una red de fraudes financieros desde un resort en la zona de la bahía, mediante esquemas de tiempos compartidos dirigidos a víctimas en Estados Unidos, con pérdidas que rondarían los 300 millones de dólares. Estas operaciones, según reportes oficiales, formaban parte de mecanismos de lavado de dinero que conectaban con estructuras del CJNG.
Puerto Vallarta ha sido señalado durante años como un punto clave de coordinación logística y financiera del grupo, debido a su conectividad internacional, flujo turístico y dinamismo inmobiliario.
El contexto: un imperio económico criminal
Más allá del impacto político en ambos alcaldes, el CJNG construyó en la última década una de las estructuras criminales más diversificadas del continente.
Estimaciones internacionales sitúan su base operativa entre 15 y 30 mil integrantes, con presencia en gran parte de México y expansión hacia Estados Unidos, Centroamérica, Europa y Asia.
Su principal fuente de ingresos sigue siendo el narcotráfico, particularmente drogas sintéticas como el fentanilo. Sin embargo, el grupo diversificó sus operaciones hacia el robo de combustible, tráfico de mercurio, fraude financiero, extorsión y lavado de dinero en sectores legales como turismo y bienes raíces.
Analistas estiman que el narcotráfico mexicano genera entre 5 y 40 mil millones de dólares anuales, y el CJNG controla una parte sustancial de ese mercado.
Las joyas turísticas, bajo vigilancia
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas no solo comparten una vocación turística estratégica; también han sido señaladas como nodos financieros relevantes dentro del entramado criminal.
Con la participación confirmada de agencias estadounidenses en el operativo reciente, ambas ciudades estarían bajo mayor vigilancia internacional. La cooperación bilateral podría traducirse en investigaciones financieras más profundas en la región.
Un golpe que abre nuevas preguntas
El operativo federal dejó claro que cuando el Estado decide actuar, puede golpear estructuras criminales de alto nivel. Sin embargo, la caída de un líder no desmantela automáticamente un imperio económico construido durante años.
Hoy, más que el fin de una organización, lo que se abre es una etapa de revisión política y financiera en dos municipios clave del Pacífico mexicano.
El foco ya no está únicamente en el crimen organizado. También está en quienes gobiernan los territorios donde ese poder económico operó durante años.
