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* Reveló que José Ángel Gurría, extitular de Nafin, recibe $120 mil
* Dejó en claro que los programas sociales son derechos ciudadanos
* Anunció impugnación vs organización ligada a Hugo Eric Flores
Juan R. Hernández
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Desde el XXII regimiento militar de Irapuato, la mañana avanzaba entre cifras y dardos directos de la presidenta, quien soltó un dato impactante: José Ángel Gurría, excanciller, extitular de Nacional Financiera y exsecretario general de la OCDE, recibe una pensión mensual de 120 mil pesos por su paso en Nafin.
“Ya que salió público, pues, lo podemos decir. Y vamos a ver, en el marco, qué información puede darse”, atajó con tono sereno, pero firme. Y lanzó la pregunta que quedó flotando en el salón: ¿cuánto ganaría como director de la OCDE? Para la presidenta, era un abuso cobrar pensión mientras encabezaba un organismo internacional.
La escena se encendió cuando contrastó cifras. Mientras miles de jubilados bajo el esquema de Afore apenas alcanzan 5 mil pesos mensuales, en las cúpulas energéticas y financieras sobreviven pensiones de ensueño. En la CFE, José Luis Lupercio Pérez rebasa los 513 mil y Víctor Manuel Fernández de Lara ronda los 502 mil. En Pemex, Roberto Ramírez Soberón y Miguel Tame Domínguez superan los 263 mil. En Nafin, nombres como Óscar Espinosa Villarreal y Gurría acumularon beneficios millonarios. En total, 160 pensionados absorben 550 mdp al año, frente a 70 mil trabajadores con retiros modestos.
Claudia aclaró que la Reforma Constitucional para topar pensiones no afectará a las Fuerzas Armadas, sino a funcionarios de confianza que trabajaron poco tiempo y reciben montos que “no se justifican”. En el caso de María Amparo Casar, dijo que deberá ajustarse al nuevo tope y que será la Fiscalía quien determine lo conducente.
También frenó en seco a un reportero que llamó “asistencialismo” a los programas sociales: no son asistencialistas, son derechos y están en la Constitución, afirmó. Recordó que la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años es un derecho del pueblo, junto con otros apoyos consagrados en los artículos segundo, tercero y cuarto. Mencionó que, al mismo tiempo, se construyen escuelas, hospitales y se promueve la inversión pública y privada.
Y hubo espacio para lo legal: anunció que la Consejería Jurídica impugnará ante el Tribunal la intención de la organización Construyendo Sociedades de Paz, vinculada al diputado Hugo Eric Flores, de usar siglas asociadas a su nombre.
