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Redacción
Eduardo de Martín Albor Villanueva, exdirector del Grupo Dolphin, fue arrestado por asociación delictuosa dentro de la carpeta 012/3644/2025-OA, por un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La investigación lo señala como líder de una organización criminal.
El caso deriva de un financiamiento internacional contratado en 2015. Tras malos manejos presuntamente deliberados, la empresa cayó en incumplimiento en enero de 2024. Autoridades estiman que el daño a bancos y acreedores estadounidenses ronda los 200 millones de dólares, sin considerar intereses ni pérdidas adicionales por la obstrucción del cobro.
Un punto crítico en este escándalo es la actuación de Luis Gerardo Esparza Rodríguez, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. Pese a que Eduardo de Martín Albor Villanueva ya se encontraba sujeto a una medida de prisión preventiva justificada por la gravedad de los delitos, el juez Luis Gerardo Esparza Rodríguez otorgó una suspensión que ha sido señalada como contraria a derecho. Esta decisión judicial está siendo actualmente investigada por el nuevo Tribunal de Disciplina, ante la sospecha de que la resolución favoreció indebidamente al imputado y entorpeció el acceso a la justicia para las instituciones financieras internacionales.
Antes de que se ejecutaran las garantías, Albor habría simulado operaciones y desviado activos para impedir el cobro. Enfrenta al menos cuatro carpetas de investigación y dos órdenes de aprehensión. Al momento de su detención se resistió al arresto, hecho que quedó videograbado y configura un nuevo intento de evasión.
Tras su arresto y pese a las órdenes vigentes, promovió múltiples amparos en distintos estados, incluyendo uno por supuesta “desaparición forzada”, engañando a órganos judiciales y ocultando recursos previos. Autoridades cuestionan la legalidad de suspensiones concedidas cuando ya estaba sujeto a prisión preventiva justificada.
El empresario ya había sido señalado por esquemas offshore y uso de paraísos fiscales, hoy retomados como antecedentes que apuntan a un patrón de opacidad y evasión.
Al respecto, Raúl Gómez, apoderado legal de Controladora Dolphin, señaló: “Estamos dando seguimiento a las autoridades correspondientes del caso en representación legal de los afectados”.
El proceso aún continúa. El monto del fraude, la resistencia al arresto y el engaño reiterado a jueces colocan el caso como uno de los escándalos financieros más graves recientes, con impacto en México y Estados Unidos y se suma a las quejas de la American Chamber of Commerce (AMCHAM) en México que ha reclamado por procesos legales injustos para empresas Norteamericanas.
Pese a ello, el imputado alega vulnerabilidad por edad y podría buscar la libertad.
