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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La presión social volvió a empujar y hacer reaccionar al sistema judicial. Tras semanas de protestas, denuncias públicas y exigencias de organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos, el Poder Judicial del Estado de México, concedió la amnistía a Tomás “N”, indígena otomí de Temoaya que permaneció casi 13 años en prisión, sin haber tenido acceso a un proceso justo.
La resolución fue emitida por la Sala de Asuntos Indígenas del Tribunal Superior de Justicia, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, acreditara violaciones graves durante el juicio en su contra.
A pesar de haberse reconocido desde el inicio como hablante de lengua otomí, Tomás “N” nunca contó con intérprete ni con una defensa con perspectiva intercultural, condición que anuló su derecho a comprender y enfrentar las acusaciones.
Sentenciado en 2014 a más de 43 años de cárcel por homicidio calificado, su caso se convirtió con el paso del tiempo en un símbolo del rezago judicial que enfrentan comunidades indígenas. Colectivos de presuntos inocentes y familiares mantuvieron manifestaciones constantes frente a juzgados y dependencias estatales, exigiendo la revisión del expediente.
Fue ese contexto de inconformidad social el que obligó a reabrir el análisis jurídico. Estudios interdisciplinarios revelaron que Tomás “N” vive en condiciones de pobreza, no presenta perfil de reincidencia y ya había cubierto la reparación del daño. Con estos elementos, el Poder Judicial avaló su liberación.
La decisión marca un precedente político incómodo: reconoce que el sistema falló y que, sin presión pública, la injusticia habría permanecido intacta. Mientras tanto, colectivos advierten que aún existen decenas de casos similares sin resolución
