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Acusan comerciantes al gobierno de Toluca, de encubrir operativo con detenciones arbitrarias, lesiones graves y presuntos abusos contra mujeres y una menor de edad
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La incapacidad del gobierno municipal de Toluca para conducir con responsabilidad a su corporación policiaca quedó expuesta el pasado 7 de febrero, cuando un operativo en el Mercado 16 de septiembre, en el barrio de Zopilocalco, derivó en una serie de agresiones físicas, detenciones arbitrarias y presuntos abusos, que hoy mantienen a comerciantes y familias enteras en una condición de miedo e indefensión.
De acuerdo con testimonios de locatarios, elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal ingresaron al mercado bajo el argumento de atender un hecho delictivo. Sin embargo, la intervención se transformó rápidamente en un despliegue violento contra personas que se encontraban laborando. Videos grabados por los propios comerciantes documentan golpes reiterados, forcejeos y uso excesivo de la fuerza contra civiles desarmados.
Entre los detenidos se encuentran Antonia, Nancy y Cristopher Hugo, quienes fueron trasladados y presentados ante un juez en Almoloya de Juárez. Aunque inicialmente se les intentó vincular con delitos de alto impacto, únicamente fueron procesados por lesiones, en un giro que refuerza la versión de que las imputaciones originales carecían de sustento legal.
Las consecuencias del operativo no se limitaron a las detenciones. Comerciantes denunciaron lesiones craneales, agresiones a mujeres y la participación de una menor de edad que resultó golpeada durante el caos. Antonia, una de las afectadas, relató que la violencia fue tal que su familia terminó hospitalizada, mientras los agentes continuaban golpeando y confiscando teléfonos celulares para evitar que se documentaran los hechos.
Pese a la gravedad de las denuncias, el ayuntamiento optó por una postura defensiva. En un comunicado oficial se limitó a señalar que policías municipales resultaron lesionados, sin hacer mención alguna de los comerciantes heridos ni de los señalamientos por abuso de autoridad. Para los locatarios, esta respuesta confirma el abandono institucional que desde hace años padecen y la falta de pericia del gobierno municipal para garantizar seguridad sin recurrir a la represión.
La omisión política y la ausencia de sanciones inmediatas colocan al gobierno local como responsable directo de un operativo que, lejos de proteger, violentó a quienes sostienen la economía popular del centro de Toluca.
