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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El gobierno municipal de El Oro atraviesa una de sus etapas más delicadas luego de que salieran a la luz señalamientos por presuntas irregularidades millonarias en la ejecución de obra pública.
La acusación, que surge desde el interior de la propia administración, pone en entredicho la capacidad y habilidad política de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza para conducir el ayuntamiento con orden y transparencia.
De acuerdo con la denuncia presentada ante instancias fiscalizadoras, al menos 22 proyectos financiados con recursos estatales y federales habrían sido reportados como concluidos y pagados, pese a carecer de avances físicos o documentación comprobatoria.
Se trata de obras de impacto social —alumbrado público, rehabilitación de caminos y construcción de infraestructura educativa— que, en los hechos, no existen o permanecen inconclusas.
El señalamiento es particularmente grave porque revela un patrón de simulación administrativa. Mientras en el papel se presume cumplimiento y ejercicio total del presupuesto, en las comunidades el desarrollo prometido nunca llegó. Esta contradicción no solo exhibe fallas técnicas, sino una preocupante ausencia de controles internos y supervisión política.
Fuentes municipales refieren que las observaciones surgieron tras la negativa de funcionarios técnicos a avalar pagos sin sustento, lo que derivó en tensiones internas y en la exclusión de áreas clave del proceso de planeación de obra. Las transferencias de recursos, aseguran, se realizaron sin los filtros ordinarios, profundizando la sospecha de un manejo discrecional del erario.
El caso coloca a la alcaldesa en el centro de la crítica pública. Más allá de las responsabilidades legales que determinen las auditorías, el episodio deja una lectura política clara: la falta de pericia en la conducción del gobierno ha derivado en un escándalo que erosiona la confianza ciudadana. En El Oro, millones de pesos se esfumaron sin dejar infraestructura, pero sí una administración severamente cuestionada.
