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Por Ana E. Rosete
La Plataforma Nacional de Transparencia fue creada para proteger al ciudadano, no para exhibirlo. Su esencia es clara: cualquiera puede pedir información al Estado sin temor, sin represalias y bajo los canales que elija.
Hace días ingresé solicitudes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y seleccioné recibir respuesta por correo electrónico. Formal. Institucional. Así funciona el sistema.
Pero una alta funcionaria decidió escribirme por WhatsApp para “darme contexto” sobre lo que había pedido.
La pregunta es simple y brutal: ¿de dónde obtuvo mi número? Y más aún, ¿creyó que era oportuno?
El problema no es el contexto. Es el mensaje. Cuando una autoridad usa datos personales para contactarte fuera del canal oficial, no está informando: está marcando territorio. Es un “sé quién eres”. Un calambre disfrazado de buena voluntad.
La transparencia no puede convertirse en un directorio de solicitantes incómodos. Si preguntar activa llamadas o mensajes personales, el derecho deja de ser garantía y se vuelve advertencia.
Y hay algo todavía más delicado: la asimetría de poder. Un ciudadano pregunta; el Estado responde. Así debería funcionar. Cuando el Estado decide saltarse el procedimiento y establecer contacto directo, rompe esa distancia necesaria que protege a quien cuestiona. No es cercanía institucional, es invasión a la intimidad.
Y, me surge otra duda, ¿busca a todos los solicitantes de información o solo a los que firmamos notas en periódicos?
Los datos personales no son un accesorio administrativo. Tienen un fin específico y límites claros. Utilizarlos fuera del canal elegido erosiona la confianza en el sistema y envía un mensaje peligroso: que la información que entregas para ejercer un derecho puede volverse un instrumento de presión.
Y, cuando eso ocurre, el problema ya no es una solicitud. Es el precedente. Hoy la transparencia no existe, pero sí intimida.
