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REDACCIÓN
Desde hace más de una semana, la ausencia de Óscar García, docente del municipio de Ixtlahuaca pesa más que cualquier examen reprobado. El profesor, originario de este municipio, fue privado de la libertad el pasado 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, a donde había viajado por asuntos personales.
De acuerdo con la información disponible, Óscar fue interceptado junto con otros tres hombres por un grupo armado. Desde entonces, no se tiene noticia oficial sobre su paradero ni sobre las líneas de investigación que siguen las autoridades federales y estatales. La familia denunció el hecho ante instancias correspondientes, pero acusa falta de comunicación y respuestas ambiguas.
En la primaria pública donde impartía clases, el impacto es profundo. Sus alumnos, de entre ocho y doce años, preguntan todos los días cuándo volverá su maestro. Algunos escriben cartas; otros dejan dibujos sobre el escritorio vacío. Para ellos, Óscar no era solo quien enseñaba matemáticas, sino quien escuchaba problemas de casa y alentaba a seguir estudiando.
Padres de familia y docentes han comenzado a organizarse para exigir resultados. Señalan que el miedo se ha instalado en la comunidad y que la incertidumbre también es una forma de violencia. “No sabemos si está vivo, si necesita ayuda, si lo están buscando de verdad”, reprochan.
El caso del profesor García refleja una problemática mayor: la normalización de las desapariciones y la distancia entre las víctimas y las instituciones encargadas de procuración de justicia. Mientras las cifras oficiales crecen, en Ixtlahuaca una escuela entera espera.
Cada mañana, el pizarrón se limpia como si él fuera a regresar. Pero la silla sigue vacía. Y con ella, la certeza de cientos de familias que hoy reclaman algo básico: que el maestro vuelva a casa y que la autoridad no mire hacia otro lado.
