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REDACCIÓN
En Jilotzingo, el comercio sigue siendo sinónimo de caos. Aunque el gobierno municipal presume avances en la regularización de negocios, en las calles la realidad es otra: puestos desordenados, banquetas ocupadas y una autoridad ausente que llega tarde a corregir lo que dejó crecer.
Para vecinos y comerciantes formales, la responsabilidad es clara y tiene nombre: la administración de Raziel Chavarría.
Las cifras oficiales —licencias subsidiadas y acuerdos administrativos— no logran ocultar una falla estructural. Durante años, el Ayuntamiento permitió que la actividad comercial se desarrollara sin control ni supervisión, generando conflictos entre comerciantes, afectaciones a peatones y un entorno de incertidumbre para quienes sí cumplen con la ley. Hoy, esas omisiones se traducen en un problema social que golpea directamente a las familias.
La narrativa oficial intenta presentar como logros lo que debió ser una obligación permanente: ordenar el espacio público y garantizar condiciones equitativas. Hablar de pendientes “heredados” es, para los ciudadanos, una forma de evadir la responsabilidad política de un gobierno que no supo, o no quiso, ejercer autoridad a tiempo.
Liberar banquetas y anunciar refuerzos normativos evidencia el tamaño del fracaso previo. Si la vía pública fue tomada durante años, fue por la permisividad municipal. El llamado al diálogo llega cuando el daño ya está hecho y el desgaste social es evidente.
El balance es contundente: Jilotzingo enfrenta un desorden comercial que no es casual, sino consecuencia directa de la falta de pericia y de un gobierno municipal que dejó pasar el problema hasta volverlo ingobernable.
