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El crecimiento de la extorsión en Metepec expone la fragilidad de la política de seguridad municipal. Mientras el Estado de México se coloca entre las entidades con más reportes por este delito, el ayuntamiento encabezado por Fernando Flores responde con recomendaciones básicas que trasladan la responsabilidad a las víctimas.
REDACCIÓN
La extorsión vial dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en rutina en las calles de Metepec. La modalidad del montachoques crece sin contención, mientras el gobierno municipal encabezado por Fernando Flores opta por una salida cómoda: repartir recomendaciones. En lugar de una estrategia de seguridad, el ayuntamiento ofrece consejos de autoprotección que, en los hechos, lavan las manos de la autoridad.
El método delictivo es conocido por todos: choques provocados, intimidación inmediata y exigencias económicas bajo amenaza. Aun así, el municipio no ha desplegado operativos de inteligencia, ni vigilancia permanente en vialidades críticas, ni acciones coordinadas para desarticular a las bandas que operan con plena impunidad. La respuesta oficial se reduce a decirle al ciudadano qué hacer cuando ya está en peligro.
Especialistas y vecinos coinciden en que este enfoque reactivo confirma la falta de oficio del gobierno local. Recomendar “no bajar del vehículo” o “llamar al 911” no sustituye la obligación constitucional de garantizar seguridad. La prevención quedó relegada; la investigación, ausente; la presencia policial, intermitente.
Que el Estado de México figure entre los primeros lugares nacionales en este delito no es casualidad. Es consecuencia directa de administraciones municipales que evaden su responsabilidad operativa. Las reformas legales y el aumento de penas poco significan si en las calles no hay detenciones ni persecución del delito.
En Metepec, la inseguridad no sólo extorsiona a los automovilistas; también desnuda a un ayuntamiento sin estrategia. Fernando Flores encabeza un gobierno que prefiere emitir recomendaciones antes que asumir el costo político de enfrentar al crimen. La factura de esa omisión la pagan, todos los días, las familias que transitan con miedo por su propio municipio.
