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Hizo Casarín reparaciones irregulares en las albercas, privatizan espacios

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En La Cuesta y Pedro Septién, la administración de la alcaldía AO heredó proyectos que llevó a cabo con premura y sin todos los documentos

M. Flores
GRUPO CANTÓN

Ciudad de México. – Una investigación de la ASCM revela que la alcaldía Álvaro Obregón, a cargo de Javier López Casarín, no cumplió con todas las normativas por la falta de documentación en los trabajos de rehabilitación de dos albercas públicas. Además, estas obras millonarias, en lugar de beneficiar a la población que es usuaria, fueron destinadas a la privatización a cargo de externos.

En la revisión ASCM/264/ que hizo la Auditoría a los gastos de la AO 2024, indicó que, en los primeros meses de gobierno de Casarín, su administración heredó los trabajos de “Rehabilitación de Albercas Públicas (La Cuesta y Pedro ‘El Mago’ Septién)”, dentro del perímetro de la alcaldía. Tuvieron un costo de 27 millones 428 mil pesos pagados a la empresa Alianza Comercialización y Construcciones S.A. de C.V. mediante un único contrato.

La investigación señaló que, entre los documentos que se omitieron, está el trámite de impacto ambiental, que la empresa tuvo que hacer ante la Sedema. Esto estaba a cargo del gobierno, ya que las obras iniciaron el 1 de noviembre. “No vigiló ni verificó que las empresas contratistas de obra hubieran realizado la consulta de trámite aplicable en materia de impacto ambiental ante la Sedema previo al inicio de los trabajos, como establecen la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y la Ley Ambiental de la Ciudad de México”, añadió la investigación.

Las albercas que fueron intervenidas con 27.4 mdp en 2025 tuvieron un periodo de privatización, pues fueron destinadas para la operación de la escuela privada Aqua-Integra. Esta medida inició con la reducción de carriles a pesar de que el alcalde declaró que no se iban a privatizar los espacios públicos. Después, el privado se apropió de los lugares y horarios al punto de que en La Cuesta no quedó personal público hasta que la comunidad de usuarios se manifestó para revocar la privatización que hizo el gobierno de Casarín.

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