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La excarcelación de dos oficiales municipales señalados por el ataque violento contra una mujer y su hija menor en Chimalhuacán, provocó una oleada de indignación social
REDACCION
GRUPO CANTÓN
La tranquilidad se rompió en el Barrio San Pedro, en Chimalhuacán. La liberación de dos policías municipales acusados de una agresión brutal contra una mujer y su hija menor dejó a vecinos y familiares en un estado de alerta permanente. Para la comunidad, el mensaje es claro y alarmante: aun con pruebas visibles, la violencia puede quedar sin castigo.
Los hechos ocurrieron el 17 de julio de 2025, y fueron captados en video. En las imágenes se observa a varios hombres, presuntamente agentes municipales vestidos de civil, golpeando de manera reiterada a una mujer, mientras su hija es también agredida y expuesta a un intento de abuso. El material se difundió ampliamente y generó indignación por la crudeza del ataque.
Sin embargo, meses después, el proceso judicial tomó un rumbo que sorprendió a las víctimas. Tras la detención de Pablo Fuentes Padrón y Aron Fuentes, uno de ellos, no fue vinculado a proceso y el otro, obtuvo la reclasificación del delito, pasando de tentativa de feminicidio a lesiones. Esta decisión permitió su salida del penal Neza-Bordo bajo medidas cautelares mínimas. Un tercer implicado continúa prófugo.
Para la familia afectada, la resolución significa vivir con temor constante. Señalan que los agresores conocen la zona y podrían regresar para intimidar. Vecinos coinciden en que la presencia de los policías libres altera la vida cotidiana y genera desconfianza hacia las autoridades.
Colectivos sociales y feministas acusan a las juezas que intervinieron de revictimizar a la madre y a la menor, al minimizar la gravedad de la violencia. Advierten que decisiones como esta normalizan las agresiones y debilitan la protección a mujeres y niñas.
Ante el clima de inconformidad, la comunidad exige la revisión del caso por instancias estatales y federales, medidas de protección urgentes y una investigación que garantice justicia. Mientras tanto, en San Pedro persiste una certeza amarga: la impunidad también agrede.
