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Mientras la Auditoría Superior de la Federación sigue detectando irregularidades en el gasto público, las denuncias penales ante la FGR cayeron 90 % entre 2022 y 2025, en pleno proceso de reelección de su titular, David Colmenares.
Redacción
Las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos fraudes y desvíos de recursos públicos se desplomaron en los últimos años, pese a que los informes de auditoría continúan documentando irregularidades por montos millonarios.
Registros oficiales muestran que en 2022 la ASF presentó más de 30 denuncias, mientras que para 2025 la cifra cayó a solo tres, lo que representa una reducción cercana al 90 %. El órgano fiscalizador es encabezado por David Colmenares, quien actualmente busca ser reelecto en el cargo.
La caída evidencia que una parte importante de las irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto público no se traduce en consecuencias legales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad del sistema de fiscalización y combate a la corrupción.
El desplome es aún más evidente al revisar las denuncias asociadas al año de la cuenta pública, es decir, al ejercicio fiscal en el que se ejerció el gasto. La Cuenta Pública 2018 derivó en 41 denuncias penales; la de 2019, en nueve, y la de 2020, en 16. A partir de ahí, la tendencia fue a la baja: la Cuenta Pública 2021 generó dos denuncias, la de 2022, una, y la de 2023 cerró sin ninguna.
Para Gerardo Lozano Dubernard, ex auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, el problema no está en el trabajo técnico de auditoría, sino en lo que ocurre después. “¿De qué sirve detectar desvíos millonarios si finalmente no se denuncian? No se traduce en nada”, cuestionó.
Lozano recordó que la FGR solo actúa cuando recibe denuncias formales. “Si la fiscalía no recibe denuncias, no actúa”, subrayó.
La disminución en las denuncias deja en entredicho la eficacia real del combate a la corrupción, en un momento clave para el futuro del órgano fiscalizador.
