Visitas
Alertan habitantes y prestadores de servicios de Amecameca sobre unos cobros diferenciados a visitantes y pobladores, sin tarifas visibles ni regulación oficial
REDACCIÓN
La imagen hospitalaria del municipio de Amecameca, uno de los principales destinos de turismo religioso y de descanso en la región oriente del Estado de México, comienza a resquebrajarse a causa de una práctica que vecinos y comerciantes califican como abusiva y fraudulenta. Se trata de los cobros irregulares que se realizan en un estacionamiento público ubicado frente a las canchas Fray Martín de Valencia, donde no existe una tarifa oficial visible y el precio varía según el origen del usuario.
De acuerdo con testimonios recabados por Diario Basta y Edomex Hoy en la zona, a los habitantes del municipio se les cobra alrededor de 30 pesos por hora, mientras que a los turistas se les exige hasta 40 pesos por el mismo servicio. La diferencia, señalan, no está respaldada por ningún reglamento ni aviso oficial y se aplica de manera discrecional. “Si te ven cara de visitante, te cobran más caro. No hay letreros, no hay recibos, solo el cobro y punto”, relata un vecino que pidió omitir su nombre por temor a represalias.
El problema va más allá del monto. Comerciantes del centro histórico advierten que este tipo de prácticas genera una mala primera impresión y desincentiva el regreso de los visitantes, especialmente los fines de semana, cuando la economía local depende del flujo turístico. Amecameca vive, en gran medida, del turismo religioso vinculado al Santuario del Señor del Sacromonte, así como de paseantes que llegan por su cercanía con la Ciudad de México.
“Cuando el turista se siente engañado desde que baja del coche, difícilmente vuelve. Y los afectados somos todos: quienes vendemos comida, artesanías o servicios”, lamenta una comerciante de la zona. Ante esta situación, vecinos y prestadores de servicios exigen al Ayuntamiento una intervención inmediata para supervisar el estacionamiento, regular los precios, colocar tarifas visibles y verificar los permisos de operación. La comunidad advierte que permitir estos abusos equivale a tolerar un daño directo al futuro económico del municipio.
