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La demolición de un inmueble histórico registrado ante el INAH, en el municipio de Santiago Tianguistenco, dejó al descubierto la omisión de la alcaldesa Erika Olea
REDACCION
GRUPO CANTÓN
La demolición de un inmueble con valor histórico, registrado ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en Santiago Tianguistenco, no fue detenida por el ayuntamiento, sino por la presión y organización de vecinos indignados.
Durante días, la maquinaria operó sin obstáculos, mientras el gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Erika Olea, permaneció ausente frente a una agresión directa al patrimonio cultural del municipio.
Para los habitantes, el caso refleja una falla grave en la administración local.
La destrucción avanzó sin que ninguna dependencia municipal interviniera, pese a tratarse de un inmueble protegido. La ciudadanía señala directamente la omisión de funcionarios responsables de la supervisión económica y administrativa, entre ellos el director de Desarrollo Económico, Jonathan Vargas, así como otras áreas que, por obligación legal, debieron actuar de inmediato.
La versión oficial del ayuntamiento, difundida tras la presión social, niega haber otorgado autorización alguna para la demolición. Sin embargo, para los vecinos, este argumento resulta insuficiente y hasta ofensivo.
Cuestionan cómo una obra de tal magnitud pudo avanzar durante varios días sin inspecciones, clausuras ni denuncias formales, lo que, aseguran, evidencia una falta absoluta de control o una permisividad deliberada.
Lejos de asumir responsabilidades, los inconformes denuncian que el gobierno municipal ha intentado desviar la atención mediante mensajes pagados en redes sociales y comunicados ambiguos, con el objetivo de deslindar a la alcaldesa y culpar únicamente a particulares. Esta estrategia, afirman, profundiza la desconfianza y confirma la falta de pericia política para enfrentar una crisis que ellos mismos permitieron crecer.
La demolición del inmueble no solo significó la pérdida de un bien material, sino la exhibición de un gobierno municipal incapaz de proteger la historia y la identidad de su comunidad. Los vecinos exigen la destitución de los funcionarios omisos y una investigación a fondo, advirtiendo que el silencio institucional también es una forma de responsabilidad política.
