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Por Eduardo López Betancourt
elb@unam.mx
Desde hace tiempo, Sinaloa, al igual que Guerrero, vive inmerso en un estado de absoluto desgobierno. En ambas entidades se advierte una alarmante carencia de oficio político, ausencia de autoridad, un incremento delictivo fuera de control y, lo más grave, una corrupción que no deja de crecer.
Es comprensible que se trate de gobiernos surgidos de un proceso político en el que Morena fungió como vehículo para llevar al poder a personajes que han demostrado plena incapacidad para gobernar. Sin embargo, ese origen no puede ni debe ser pretexto para tolerar el caos. Morena los impulsó, sí, pero su desempeño ha sido francamente desastroso; el propio partido debería reconocer que en ambos casos se tomó una decisión equivocada, marcada además por una evidente falta de honestidad y ética. Para evitar una larga y engorrosa tramitología jurídica, bastaría con su renuncia y el nombramiento de sustitutos capaces de rendir mejores cuentas a la sociedad. El caso de Sinaloa se ha tornado incontrolable desde cualquier ángulo que se analice. Se llegó al descaro de que, a las afueras de la Cámara de Diputados, dos legisladores de oposición fueran acribillados por un comando criminal.
Sergio Torres, quien se reporta en estado más grave, había pronunciado un discurso severo en contra del gobernador Rubén Rocha Moya. Resulta, por decir lo menos, una coincidencia inquietante que, tras expresar públicamente su repudio al mal gobierno, haya sido víctima de un ataque armado. De entrada, el primer sospechoso político de la agresión es el propio Rubén Rocha Moya; sin embargo, surge un problema mayúsculo: ¿quién realizará una investigación imparcial?
En Sinaloa, como en Guerrero, todos los límites han sido rebasados, mientras la autoridad federal central parece optar por una prudencia que produce efectos profundamente nocivos. Finalmente, lamentamos la agresión contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, a quienes expresamos nuestra solidaridad.
