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REDACCION
GRUPO CANTÓN
La aparición con vida de Alejandra Rojas Báez, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo, y de su primo Noé Jacob Pérez Rojas, lejos de brindar tranquilidad, evidenció la incapacidad del gobierno municipal para manejar una crisis de seguridad con responsabilidad y transparencia.
Ambos fueron reportados como desaparecidos desde la noche del viernes 30 de enero, luego de ser vistos por última vez en el municipio de Naucalpan.
Durante horas, familiares, militantes y ciudadanos enfrentaron la incertidumbre mientras la Fiscalía del Estado de México emitía fichas de búsqueda y activaba el Protocolo Alba. Sin embargo, una vez localizados, el Ayuntamiento optó por el silencio.
Fue el alcalde Raziel Chavarría quien confirmó el hallazgo, pero sin ofrecer información mínima sobre las circunstancias de la desaparición, el lugar exacto de localización o si existió la comisión de algún delito.
La omisión de datos no es menor. Para la ciudadanía, este vacío informativo refleja una falta de pericia política y administrativa para enfrentar hechos que comprometen la seguridad pública. La autoridad municipal no explicó por qué se activaron protocolos de emergencia ni qué acciones concretas se emprendieron durante la búsqueda, dejando la impresión de improvisación y desorden institucional.
