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Morenistas piden investigar convenios asignados a las empresas asociadas a Grupo Meor, que comparten apoderados legales y vínculos corporativos
Juan R. Hernández
GRUPO CANTÓN
CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores de Morena en el Congreso presentaron una denuncia formal ante la Contraloría capitalina contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, para que se investigue la asignación de contratos por casi 97 mdp a Grupo Meor, revelados recientemente por la prensa.
El vocero de Morena, Paulo Emilio García, acompañado por las diputadas Diana Sánchez Barrios, Ileana Sánchez y Leonor Otegui, así como por la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, Alicia Barrientos, señaló que la edil ha tenido “tiempo y oportunidades suficientes” para explicar el vínculo con dicho grupo, pero ha optado por desviar la atención. “No queremos pruebas antidoping, queremos pruebas anticorrupción”, advirtió.
La denuncia acusa que la administración habría favorecido a empresas vinculadas al Grupo Meor mediante licitaciones simuladas, contraviniendo el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas. Entre las compañías señaladas figuran Carbonusa, Tecnova y Alianza Comercialización y Construcciones, que comparten apoderados legales y vínculos corporativos.
La diputada Leonor Otegui calificó el esquema como “una Estafa Maestra en la alcaldía para desaparecer dinero público”. Diana Sánchez Barrios enfatizó que se trata de recursos de los vecinos, mientras Iliana Sánchez Chávez aseguró que “la Cuauhtémoc ha sufrido por la opacidad”.
Uno de los casos destacados es la invitación restringida AC/033/2025 para la compra de cemento, donde las tres empresas compitieron entre sí y resultó ganadora Alianza Comercialización con un contrato de 4.7 millones de pesos, pese a compartir representante legal con otra.
Barrientos celebró la exigencia de transparencia y dijo que la ley prohíbe contratos con empresas con representantes iguales. Morena también señaló la presunta omisión del OIC de la alcaldía, que no intervino ante las irregularidades.
Los legisladores pidieron abrir una investigación, revisar expedientes y señalar responsabilidades, incluyendo la posible nulidad de los procedimientos.
