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De los 500 diputados 200 llegaron al curul por esta vía; mientras que, de los 128 senadores, 32 tiene un escaño por sin haber sido elegidos por la ciudadanía
ANA E. ROSETE
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El Estado mexicano destina más de 526 millones de pesos anuales únicamente al pago de sueldos y prestaciones de diputados y senadores plurinominales, legisladores que no realizan campaña ni son electos de manera directa por la ciudadanía, sino que acceden al Congreso a través de listas definidas por las dirigencias partidistas.
De acuerdo con información oficial del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores, de los cuales 200 son plurinominales. Cada diputado percibe un ingreso bruto mensual de 142 mil 556 pesos, lo que representa 1 millón 710 mil 672 pesos al año, a lo que se suman prestaciones anuales brutas por 383 mil 733 pesos.
Esto significa que cada diputado plurinominal cuesta al erario 2 millones 94 mil 405 pesos al año. En conjunto, los 200 diputados plurinominales representan un gasto anual de 418 millones 881 mil pesos.
En el Senado de la República, de los 128 escaños, 32 corresponden a senadores plurinominales. Cada uno recibe un ingreso bruto mensual de 235 mil 246 pesos, equivalente a 2 millones 822 mil 952 pesos anuales, además de prestaciones por 542 mil 675 pesos al año.
Así, cada senador plurinominal tiene un costo anual de 3 millones 365 mil 627 pesos, lo que se traduce en un gasto total de 107 millones 700 mil 64 pesos por los 32 legisladores de lista.
En suma, el costo anual de los legisladores plurinominales asciende a 526 millones 581 mil 64 pesos, sin considerar apoyos adicionales, asesores, oficinas, viáticos, transporte, ni gastos indirectos asociados a su labor legislativa.
Los plurinominales son asignados de manera proporcional a los votos obtenidos por los partidos en una sola circunscripción nacional y gozan de los mismos derechos, obligaciones, sueldos y prestaciones que los legisladores electos por voto directo, lo que ha reavivado el debate sobre su permanencia, utilidad y costo en un contexto de restricciones presupuestales y demandas sociales crecientes.
