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La demarcación enfrenta tensión social por la llegada de agrupaciones sindicales y organizaciones desplazadas de municipios como Ecatepec, que buscan reinsertarse en zonas con menor capacidad institucional
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El municipio de Hueypoxtla enfrenta un escenario de tensión social derivado de la presencia de grupos sindicales y agrupaciones que anteriormente operaban en municipios como Ecatepec y que, tras perder espacios de control en esas demarcaciones, habrían comenzado a replegarse hacia localidades con menor estructura institucional, como ocurre actualmente en esta zona del norte mexiquense.
De acuerdo con versiones recabadas a nivel local, estas agrupaciones buscan reinstalar prácticas de presión y control social que ya habían sido contenidas en otros municipios, aprovechando coyunturas de conflicto y fallas en la respuesta institucional para ganar presencia.
En Hueypoxtla, esta situación se agudizó tras el caso de Cristopher Gael Morales Montiel, menor desaparecido desde el 1 de noviembre, luego de asistir a un festejo comunitario.
El manejo inicial del caso exhibe una cadena de omisiones del gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Rosa Elva Barrera Flores, principalmente durante las primeras horas posteriores a la desaparición del menor, periodo considerado clave para la activación de protocolos de búsqueda. La reacción institucional fue señalada como tardía, lo que derivó en inconformidad social y un vacío operativo que coincidió con la irrupción de actores externos.
Fuentes comunitarias refieren que grupos ajenos al municipio, algunos con antecedentes de operación en Ecatepec, intentaron posicionarse como intermediarios del descontento social. Habitantes advierten que no se trata de una protesta espontánea, sino de una dinámica previamente documentada en otros municipios del Valle de México, donde organizaciones sindicales se insertan en conflictos sociales existentes.
Hasta el momento, el ayuntamiento no ha informado sobre investigaciones formales relacionadas con la presencia de estos grupos ni sobre posibles responsabilidades administrativas.
El caso de Cristopher Gael continúa siendo un punto sensible para la población, que exige información clara, seguimiento institucional y garantías de que Hueypoxtla no se convierta en refugio de estructuras desplazadas de otros municipios.
