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Por Diana Sánchez Barrios
En esta ocasión me dirijo a ustedes estimados lectores, como diputada y como mujer, con una visión de ciudad más incluyente y con justicia social. La Agenda Legislativa que presentamos desde la Asociación Parlamentaria ‘Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente’, surgió de los recorridos del territorio, de las necesidades de las y de los ciudadanos, así como de las luchas de las personas quienes han sido sistemáticamente invisibilizadas y excluidas del ejercicio pleno de sus derechos.
Estoy convencida de que legislar en una democracia. Exige asumir una responsabilidad ética frente a las desigualdades estructurales que atraviesan algunos sectores de la sociedad. Por ello, legislar con perspectiva de género e interseccional no es una consigna ni una postura ideológica: es una obligación constitucional y una herramienta indispensable para reforzar el combate a la injusticia y garantizar condiciones reales de igualdad, tal y como lo han hecho las recientes administraciones capitalinas.
Por una parte, nuestra agenda coloca en el centro a las mujeres comerciantes, artesanas, artistas, pequeñas empresarias y cooperativistas, que sostienen economías comunitarias y populares sin contar, muchas veces, con seguridad social ni protección frente a la violencia por su género. Reconocer el comercio en el espacio público como una actividad legítima y esencial para la vida económica de la ciudad es un acto de justicia social. Por ello, impulsaremos reformas que eliminen la discrecionalidad, fortalezcan la formalización con enfoque de derechos y abran espacios reales de diálogo, como el Parlamento del Comercio Popular.
Asimismo, defenderemos las expresiones culturales populares, como lo hemos hecho con los sonideros, quienes durante décadas habían sido criminalizados pese a su enorme valor cultural, histórico y comunitario. Las expresiones culturales populares no pueden seguir siendo tratadas como un problema de orden público; es un derecho humano y un pilar de la identidad colectiva de nuestra ciudad.
Esta agenda también es clara y firme frente a los discursos de odio, la discriminación, el racismo, el clasismo y las violencias que enfrentan las poblaciones LGBTTTIQ+, las personas trans, las infancias diversas, las personas de talla baja y otros grupos históricamente vulnerados. No hay neutralidad posible frente a la exclusión: o se legisla para erradicarla, o sé es cómplice de su reproducción.
Desde el Congreso de la Ciudad de México, haremos que la ley refleje la pluralidad social, proteja la dignidad humana y sirva como instrumento de transformación.
Legislar para que nadie se quede fuera no es una mera promesa; es una convicción política que guía cada iniciativa que impulsamos y que presentaremos en este período ordinario que inicia el primero de febrero.
